El mismo estaría vinculado por complicidad con una contadora que también trabaja en el Ministerio de Gobierno. De nombre Mariela Fernández, vive en el Barrio 2 de Agosto, en Rivadavia.
Ambos habrían actuado en complicidad, por lo que se los involucró de manera directa con la coima.
El delegado fiscal extorsionó al empresario que realiza el servicio de desinfección en el Penal de Chimbas, según informó el ministro de Gobierno Adrián Cuevas, que se mostró sorprendido con el accionar de dos trabajadores del Estado. Al parecer, el empresario tenía algunas deudas impositivas y, a cambio de dejarlo seguir trabajando para el Estado, el delegado fiscal le exigió al empresario una coima de 20.000 pesos.
El caso llegó esta semana a oídos del Ministro de Gobierno, quien recurrió a la justicia. Allí tomó intervención el juez de turno, Pablo Flores, quien encabezó el operativo junto a la fiscal Ana Lía Larrea. Según confirmó a Tiempo de San Juan Mauricio Solano, Subsecretario de Control y Gestión, "como se trataba de un servicio de desinfección al Penal de Chimbas el proveedor hizo la queja en la Subsecretaría y nosotros como funcionarios públicos hicimos la presentación en la Fiscalía de Turno".
Así fue como montaron la cámara oculta, juntaron los 20.000 pesos y marcaron cada uno de esos billetes y arreglaron el pago de la coima. Tras recibir el dinero por parte de la contadora, lo cual quedó registrado en la cámara oculta, la policía lo esperó y lo detuvo.
In fraganti, el fiscal fue sorprendido, quedó detenido y, a disposición de la Justicia. Por su parte, la contadora fue allanada en su domicilio y se retiró con el personal policial para que se realizara la averiguación de antecedentes pertinente. A diferencia del fiscal que quedó detenido, la contadora podrá quedar libre luego de que el procedimiento de averiguación de datos se haya efectuado, según informó la fiscal que entiende en esta causa Ana Lía Larrea.
Tanto el ministro Cuevas como la fiscal Larrea no precisaron quién participó de la cámara oculta, por razones de cuidar la identidad del cómplice. Pero sería el empresario que habría estado sufriendo de extorción.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que la justicia sanjuanina usa una cámara oculta para atrapar in fragante al autor de una coima. El año pasado ocurrió lo mismo con una inspectora de la Municipalidad de la Capital que exigía dinero a un comerciante a cambio de no clausurarle el local. Ese caso también está en el juzgado de Pablo Flores. Y desde entonces la mujer no pudo ser investigada porque viene presentando certificados psicológicos por una supuesta incapacidad.
El otro antecedente inmediato es el del IPV. A través del sistema de cámaras del Centro Cívico descubrieron cómo los empleados recibían dinero a cambio.
