Sin acuerdo entre el ex Jefe de Policía y la agente que le pide $360.000
Sucedió en la mañana de este martes en el fuero laboral, donde cada parte se mantuvo en su postura. Ahora el juez Licciardi deberá resolver, pero eso llevaría unos tres meses. Por Gustavo Martínez Puga
La vieja interna policial entre dos ex jefes de Policía sumó otro round. En la audiencia conciliatoria entre la agente de Policía que demandó por 360.000 pesos al ex Jefe de Policía Miguel González, una medida inédita, no se llegó a ningún acuerdo.
El paso judicial se realizó en el Segundo Juzgado del Trabajo de Miguel Ángel Licciardi. Estuvieron presentes la abogada de la agente Valeria Brizuela, Laura Bruna, relacionada al ex Jefe de Policía de la Alianza, Carlos Alcayaga; el abogado de González, Gustavo Sillero; y los abogados representantes de la Fiscalía de Estado y del Instituto del Seguro.
La agente Brizuela demandó al ex jefe González por 360.000 pesos por una polémica lesión que sufrió en su hombro derecho, a consecuencia del uso de muletas por la torcedura del tobillo derecho en confusas circunstancias: la agente dice que fue mientras recibía la instrucción policial y la investigación policial determinó que fue fuera de ese horario y que la lesión no era de la gravedad que la agente planteó.
Ante esta situación, la agente Brizuela demandó al ex jefe González, al ex Director de la Escuela de Policía y a los dos instructores; también al Estado provincial como patronal. No se conocen antecedentes de demanda contra funcionarios de este tipo, ya que la patronal es el Estado. Por eso es que en este caso siempre estuvo presente el fantasma de la interna policial entre Alcayaga y González.
Cómo sigue
Al no haber habido un acuerdo entre las partes en la demanda económica que hizo la agente, ahora se abre la etapa de producción de pruebas, donde cada una de las partes intervinientes tiene que ofrecer las evidencias por las que sostienen sus dichos. La ley establece que en 30 días debería estar cerrada esa parte del proceso, pero en la práctica eso no ocurre y se estima que este proceso llevará unos tres meses.
Una vez producidas las pruebas, el juez Licciardi deberá resolver el caso.
