Por Gustavo Martínez Puga
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La segunda parte de la investigación de la Mafia de las 4x4 no logra arrancar. Es que en esta semana habían citado a declaración indagatoria a cuatro personas, con las que se pretendía empezar a investigar cómo llegaban a la provincia las camionetas robadas en Capital Federal y La Plata, para luego ser adulteradas y alquiladas a servicios mineros. Pero ninguno de los sospechosos se presentó y pusieron chicanas judiciales para dilatar el proceso y sumar tiempo para que las penas prescriban.
El primero de ellos es Ruperto Criscuolo, el padre de Guillermo Lucas Criscuolo, el principal sospechoso de la Mafia de las 4x4, quien nunca estuvo preso y es requerido en el Juzgado Federal N°2 de San Juan, que dirige Leopoldo Rago Gallo. A este hombre le encontraron una camioneta Toyota con los números de sus partes adulterados.
Además, en la justicia querían indagarlo para ver si empezaban a descubrir cómo es que las camionetas robadas en Capital Federal y Buenos Aires, de donde son oriundo los Criscuolo y donde vive Humberto Vignoli, el abogado y ex suegro de Guillermo Criscuolo, quien está procesado por ser el dueño de la Bodega Ansilta, en Ullum, en el que hace cuatro años hallaron las autopartes adulteradas.
Según fuentes del Juzgado Federal, Ruperto Criscuolo, a pesar de haber sido notificado de la indagatoria para el jueves de la semana pasada, no se presentó y no dio ninguna justificación en tiempo y forma.
Cuatro días hábiles después, el jueves último, los abogados Ricardo Moine –quien también representa a Guillermo- y Carlos Moncunill, fueron contratados por Ruperto y Roberto Criscuolo. Y el miércoles último hicieron un pedido de eximición de prisión para que ambos no queden detenidos el día que se presenten a declarar. Además, los defensores pusieron los domicilios de sus estudios jurídicos como el domicilio legal de los Criscuolo para que sean notificados de las decisiones que tome la justicia.
Por otra parte, Roberto Criscuolo, un hermano de Guillermo Lucas, a quien un testigo lo involucra en la recuperación de una camioneta adulterada que estaba alquilada en Barreal, tampoco se presentó a declarar el martes último. Según fuentes judiciales, es porque la Policía Bonaerense le llevó la citación fuera de término, es decir, después de que se había pasado la fecha de cita con la justicia.
En el juzgado federal dicen que ahora buscarán otro método para citarlo para que esto no vuelva a ocurrir, ya que la citación para esta semana fue hecha a mediados de enero y así y todo dicen que le llegó tarde.
Según el abogado defensor Moine, a Roberto Criscuolo la Policía Bonaerense le llamó por teléfono el día sábado para que el día lunes 25 se presentara en la comisaría. Y allí le informaron que al otro día tenía que estar a las 9 de la mañana en San Juan para ser indagado. Y que por eso no se presentó a declarar. Pero en el juzgado federal entienden que esta es una medida dilatoria.
El otro sospechoso que tampoco se presentó a declarar es Darío Gastón González. Es un efectivo de la Policía Bonaerense que habría tenido acceso a los datos de identificación de las camionetas que en San Juan fueron halladas con sus motores y chasis adulterados. Éste sospechoso es el que le pidió a la justicia federal ser indagado mediante un exhorto, es decir, que un juez de La Plata le tome declaración indagatoria y así no tener que venir a San Juan.
En el juzgado federal dicen que eso es imposible y es una traba a la investigación, ya que la causa es muy compleja como para que otro juez que nunca vio el caso le tome indagatoria. Ahora la justicia debe denegar ese planteo y citarlo nuevamente. Y eso dilata los tiempos.
Finalmente, Marcelo Desiderio es el otro sospechoso de ser un posible nexo entre la red que operaba en San Juan y la provincia de Buenos Aires, de donde eran originalmente una gran parte de las camionetas robadas, junto a otros vehículos robados en Mendoza.
En la justicia federal dicen que en el Padrón Electoral aparecen tres personas con ese nombre y están viendo cuál de ellos es el que estaría vinculado a la Mafia de las 4x4.
La situación de los 12
El juez federal Leopoldo Rago Gallo dictó el auto de procesamiento por distintas figuras legales a 12 de los imputados en la Mafia de las 4x4. Esas figuras van desde la asociación ilícita hasta adulteración de documentos. Todos ellos, a través de sus abogados defensores, apelaron esa decisión.
Sin embargo, el fiscal de primera instancia no acompañó esa decisión en ninguno de los casos. Es decir que, para el representante del ministerio público, las medidas judiciales del juez están bien tomadas.
Estos 12 imputados son todos sanjuaninos que participaron en la adulteración de los vehículos, los alquilaron o les encontraron movilidades truchas. Entre ellos no quedó ninguno de los empresarios prestadores de servicios mineros que en un principio estuvieron sospechados.
