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SUSCRIBITELos empresarios de la industria, la contrucción y prestadores de la minería no tardaron en responder las críticas del Grupo Sarmiento por el cupo minero.
Chispazos en la minería sanjuanina: empresarios responden a cuestionamientos de un grupo de profesionales.
Referentes de la Unión Industrial de San Juan, de la Cámara Argentina de la Construcción y de Cámara de Servicios Mineros salieron con picantes declaraciones a la crítica formulada por un grupo de profesionales mineros en torno al pedido de reglamentar el cupo sanjuanino en la minería.
Con frases tales como “hablan desde el desconocimiento total”, o “no forman parte de la cadena de valor de proveedores mineros y tienen una visión acotada de la realidad”, tres altos ejecutivos no tardaron en responder a los cuestionamientos del Grupo Sarmiento.
Esta mañana, la entidad emitió un documento polémico denominado “Proveedores mineros provinciales: primero yo”, que cuestiona el accionar de empresarios sanjuaninos por buscar junto al gobierno una norma que regule la participación de proveedores en la minería del cobre que se viene.
El líder industrial Ricardo Palacios fue tajante: “es la opinión de tres personas, y como la de cualquier persona que quiera expresarse; es bienvenida. Ahora, hablar de proveedores, primero yo, me parece que se manejan desde un desconocimiento total”, dijo el presidente de la UISJ.
Agregó que la defensa del Regimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), “sin ir más lejos, surgió desde quienes hoy piden una ley de proveedor local” y aclararon con respecto al pedido de cupos mineros que “jamás mencionamos, ni hablamos de esto”.
El industrial destacó la meta que persiguen los proveedores sanjuaninos. “Somos la única provincia minera que no tiene una ley que reglamente e indique que es ser proveedor local. Lo que buscamos es ordenar el desorden, buscar el desarrollo pyme y de toda la provincia, no el de pocos. No se trata de alambrar y menos prohibir, se trata de generar oportunidades y herramientas para nuestros proveedores, para mejorar su productividad y su competitividad. Que ser sanjuanino sea un plus, no una obligación de compra o contrato. Insisto, hay mucha ignorancia al respecto, es bueno informarse antes”, expresó Palacios.
Los constructores también se sumaron a la polémica y fue Julián Rins, desde la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) quien contestó las salió a contestar las críticas. “El contenido del comunicado refleja la opinión de un grupo de personas, que personalmente no tengo el gusto de conocer, salvo Mario Capello por su participación como funcionario público. Si bien respetamos todas las opiniones, es importante señalar que solo representa una visión de un grupo que hasta donde sabemos no forman parte de la cadena de valor de proveedores mineros y si lo fueren creemos que es una visión muy acotada de la realidad”, disparó el empresario.
Rins aclaró que “no se han solicitado cupos para los empresarios locales en las negociaciones que se llevan a cabo con el sector minero” y sostuvo que el comunicado está basado en información errónea. En cambio sostuvo que “la política que se impulsa desde el gobierno y las empresas busca generar oportunidades competitivas y equitativas para los proveedores locales sin imponer restricciones o ventajas injustas; y en particular; una definición unificada de proveedor local”.
La legislación minera de la provincia de San Juan continúa siendo “una de las menos restrictivas en comparación con otras provincias mineras. Aún para el caso de que se receptara el 100% de nuestras propuestas San Juan tendría la legislación más abierta y menos restrictiva respecto a proveedores locales”, dijo Julián Rins desde Camarco.
El constructor invitó a conversar el tema antes de realizar declaraciones de este tipo, ya que consideró fundamental comprender la realidad del sector privado en San Juan. “Si bien es cierto que el desarrollo de proveedores en la provincia ha sido más lento en comparación con otras regiones, estamos trabajando de manera activa para fortalecer y expandir la capacidad de las empresas locales. Este proceso es gradual y estamos convencidos de que la integración plena de los proveedores sanjuaninos al sector minero será un logro de largo plazo”.
Por último destacó que no debe perderse de vista que el desarrollo de los ciudadanos y las empresas de San Juan es esencial no solo para el crecimiento económico, sino también para asegurar el "permiso social" necesario para la seguridad de los proyectos mineros.
Los prestadores mineros de Casemi también reaccionaron. “No queremos un cupo, queremos definir qué es un proveedor local, con una definición clara. Y tampoco queremos poner barreras de ingreso a proveedores de otras provincias, pero sí buscamos la posibilidad de competir y trabajar en el desarrollo de proveedores locales", opinó Juan Pablo Delgado, presidente de la entidad.
Desde el gobierno optaron por no hacer declaraciones y minimizar la queja del grupo de profesionales. En voz baja, fuentes oficiales dijeron que se vienen reuniendo con todos los sectores –incluso esta semana con la cámara minera- porque la obligación del gobierno es “escuchar a todos los sectores”. Pero justificaron la implementación de una norma en la cual se unifique la definición de proveedor local, y se distinga entre “local de la comunidad”, y “local del resto de la provincia”.
Aseguran que las empresas mineras en sus Declaraciones de Impacto Ambiental y en sus reportes de sustentabilidad a los accionistas tienen compromisos de desarrollo de proveedores locales y de empleo local. Pero ocurre que cada empresa tiene su propia definición y eso hace que los reportes terminen siendo discutidos. Por eso las autoridades insisten en definir qué es un proveedor local para que la comunicación y los informes que se den sean creíbles.
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