Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa provincia vecina formalizó su oposición ante el ENRE al pedido de exclusividad de la minera sobre la línea minera y participará de una audiencia pública. Advierten que la medida podría afectar proyectos energéticos y no descartan tomar medidas legales.
La disputa por el control y uso de una infraestructura energética clave en la región cuyana sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Este jueves se conoció que el Gobierno de La Rioja formalizó su rechazo a la posibilidad de que la empresa minera Vicuña Argentina S.A. acceda en forma exclusiva a la línea eléctrica de 500 kV vinculada a proyectos en San Juan, y no descarta avanzar por la vía judicial si su planteo no prospera.
El conflicto fue confirmado por el secretario de Energía riojano, Alfredo Pedrali, quien advirtió que una eventual exclusividad en favor de la compañía “afectaría sensiblemente” las posibilidades de desarrollo productivo de su provincia. Aunque la infraestructura se ubica en territorio sanjuanino, desde La Rioja sostienen que se trata de una obra concebida con un criterio regional y financiada con aportes compartidos.
Según explicó el funcionario, la denominada “línea minera” fue proyectada hace años como un corredor energético estratégico para integrar a las provincias cordilleranas y potenciar la actividad minera. El esquema contemplaba distintos tramos -entre Mendoza, San Juan y La Rioja- con el objetivo de vincular el sistema eléctrico de Cuyo con el NOA y garantizar capacidad para emprendimientos de gran escala.
En ese contexto, Pedrali remarcó que la obra no responde a un interés particular sino a una planificación conjunta: San Juan habría aportado cerca de la mitad de la inversión inicial y el resto fue financiado por otras provincias involucradas. “El origen de toda esta infraestructura son años de esfuerzos compartidos”, señaló en el medio Riojavirtual.
La controversia se desató luego de que Vicuña Argentina S.A., a través de la transportista eléctrica, solicitara ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el uso exclusivo de la línea y de las ampliaciones asociadas a su proyecto. El organismo nacional dio curso favorable al pedido, aunque habilitó una instancia formal para que terceros presenten objeciones.
Dentro de ese plazo, La Rioja presentó una oposición fundada, lo que derivó en la apertura de un proceso participativo que incluirá una audiencia pública. Allí podrán intervenir provincias, empresas y actores interesados para exponer argumentos técnicos, económicos y jurídicos sobre el acceso a la red.
Desde el gobierno riojano consideran que otorgar exclusividad implicaría alterar el espíritu original del proyecto y limitar el acceso a un recurso estratégico. En particular, advierten que podría dejar a la provincia fuera de un corredor energético clave para su integración con el norte del país.
El rechazo no es solo conceptual. Pedrali detalló que La Rioja trabaja en iniciativas propias para ampliar su sistema eléctrico, entre ellas una futura línea de alta tensión que conectaría el sur provincial con estaciones proyectadas en Villa Unión y Jagüé. Esa infraestructura permitiría articular el sistema energético entre Cuyo y Catamarca, y abriría la puerta a nuevas inversiones.
Según el funcionario, la disponibilidad de energía en alta tensión es un factor determinante para el desarrollo de distintas actividades productivas en el Valle del Bermejo, no solo la minería. Por eso, advierten que una restricción en el acceso a la red podría frenar o encarecer esos proyectos.
En este escenario, desde La Rioja anticiparon que, en caso de no obtener una respuesta favorable en el ámbito administrativo, evaluarán avanzar con acciones legales. La postura oficial es que la medida en discusión podría afectar condiciones de igualdad en el acceso a infraestructura energética considerada estratégica para el desarrollo regional.
Mientras tanto, la provincia participará en la audiencia pública convocada por el ENRE, donde buscará sostener su posición y defender lo que considera derechos adquiridos en función de los aportes realizados y de la planificación original del sistema.
El planteo riojano se suma a un escenario ya tenso en torno a la línea de 500 kV en San Juan. Días atrás, el ENRE confirmó -a través de la Resolución 165/2026- que avanzará con el análisis del pedido de Vicuña y que convocará a una audiencia pública para debatir el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de las obras.
El proyecto minero, que integra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol, prevé una demanda energética de unos 260 MW e incluye ampliaciones significativas del sistema de transporte eléctrico, como nuevas estaciones transformadoras y una línea de aproximadamente 167 kilómetros.
Sin embargo, la discusión no es solo técnica. La Resolución 79/2026, dictada a comienzos de marzo, ya había generado controversia al establecer un régimen de prioridad en el uso del corredor eléctrico a favor de Vicuña. Esa decisión motivó objeciones de otros actores del sector, entre ellos el proyecto Los Azules y autoridades locales de departamentos mineros sanjuaninos.