La organización de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, que se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación, enfrenta un escenario inesperado: casi 30.000 personas se inscribieron para participar del proceso.
Frente a ese volumen de interesados, fuentes legislativas que participan de la organización del proceso aseguraron a este medio en voz baja que ya existe un plan para evitar que las audiencias se extiendan indefinidamente y compliquen el cronograma legislativo: se seguirá al pie de la letra el reglamento que limita bastante las exposiciones.
Las presentaciones virtuales
Desde el entorno de las comisiones que intervendrán en el debate dijeron a Tiempo de San Juan que la avalancha de inscriptos obliga a ordenar la participación para evitar que se extienda en el tiempo.
Una de las herramientas que se piensa aplicar es limitar las intervenciones virtuales a videos de hasta máximo cinco minutos, o a presentaciones escritas breves, de solo una carilla.
De esa manera, quienes no participen de forma presencial podrán igualmente aportar su postura, pero sin que eso implique extender durante semanas o meses el proceso de audiencias.
“No todos van a tener voz directamente”, reconoció una fuente parlamentaria, al explicar que el objetivo es mantener un esquema de participación que permita escuchar distintas posiciones, pero dentro de un tiempo razonable.
En el Congreso sostienen que la intención es que las exposiciones sean breves y sintéticas, justamente para evitar que el proceso quede trabado por intervenciones demasiado extensas.
Un dato llamativo
Otro dato que genera comentarios en los pasillos del Congreso es la procedencia geográfica de quienes se anotaron para participar. Es que los inscriptos provenientes de provincias directamente vinculadas a zonas glaciares serían menos de 300, mientras que se registran alrededor de 800 anotados de la provincia de Buenos Aires y más de 1.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre quienes siguen de cerca el proceso legislativo, esa distribución alimenta la sospecha de que parte de las inscripciones podría responder a intentos de sectores opositores de extender el debate y demorar su tratamiento.
La hoja de ruta
Más allá de esas tensiones, en el Congreso aseguran que el objetivo político es avanzar rápido una vez terminadas las audiencias.
El cronograma que se maneja en los despachos parlamentarios indica que, finalizadas las dos jornadas de exposición, se convocará a una reunión conjunta de las comisiones que deben intervenir en el tema, es decir la de Recursos Naturales que preside el sanjuanino José Peluc, y la de Legislación General, para intentar emitir el dictamen.
Si el oficialismo logra reunir las firmas necesarias, el proyecto podría bajar al recinto de Diputados en un plazo relativamente corto para su votación.
En ese contexto, las fuentes consultadas descartan que el tratamiento legislativo se prolongue durante meses como intentan algunas organizaciones antimineras. Sostienen que la idea es cerrar el proceso de participación y avanzar rápidamente con la definición parlamentaria de la reforma que tiene gran impacto en provincias mineras como San Juan.