Legisladores de diversos bloques de la oposición presentaron una nota formal ante las autoridades de la Cámara de Diputados para exigir una extensión de las jornadas de audiencia pública destinadas a debatir la reforma de la Ley de Glaciares. El pedido surge tras conocerse que, hasta el momento, se han registrado 18.000 personas interesadas en exponer, una cifra calificada como "histórica y sin antecedentes" por referentes del sector ambientalista.
Un cronograma insuficiente
La convocatoria oficial, publicada este martes en el Boletín Oficial, contempla únicamente dos jornadas: el 25 de marzo para ponencias presenciales y el 26 de marzo para la modalidad virtual. Sin embargo, la normativa de la audiencia establece que cada exposición puede durar hasta cinco minutos. Según los cálculos de las organizaciones, si los 18.000 inscriptos hicieran uso de su tiempo, se requerirían más de dos meses ininterrumpidos de discursos, lo que vuelve el cronograma de dos días "totalmente insuficiente".
El fundamento legal y los antecedentes
La solicitud fue enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) y de Recursos Naturales (José Peluc). Los firmantes, entre los que se encuentran los diputados Maximiliano Ferraro, María Inés Zigarán, Sabrina Selva y Natalia de la Sota, basan su pedido en:
- La Constitución Nacional: El artículo 41, que garantiza el derecho a un ambiente sano.
- El Acuerdo de Escazú: La Ley 27.566 obliga al Estado a asegurar mecanismos de participación pública abiertos, inclusivos y efectivos en decisiones ambientales.
- Precedentes históricos: Los legisladores recordaron que durante el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018 se realizaron 15 audiencias públicas con más de 700 expositores, demostrando que el Congreso tiene la capacidad de garantizar instancias deliberativas prolongadas.
Tensión con el cronograma oficial
Mientras la oposición y organizaciones como Greenpeace advierten que "sin glaciares no habrá agua" y exigen un proceso "abierto y federal", el oficialismo mantiene una postura diferente. Desde La Libertad Avanza han desalentado las cifras de la oposición y sugieren que la inscripción no implica la presencia efectiva de todos los anotados. La intención del Gobierno es emitir dictamen tras Semana Santa para lograr la aprobación del proyecto en el recinto durante el mes de abril.
Ante esta situación, la oposición también ha solicitado que se publique y actualice cada 24 horas el listado oficial de inscriptos, cuyo registro permanece abierto hasta el viernes 20 de marzo. La resolución de esta puja determinará si el debate se ajusta a los tiempos rápidos que pretende el Ejecutivo o si se extiende durante semanas para dar voz a los miles de ciudadanos anotados.