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SUSCRIBITE A poco más de dos años y dos meses de aquel fatídico 15 de noviembre de 2017, fecha en la cual se produjo el hundimiento del ARA “San Juan” –único submarino operativo de la Armada Argentina– la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dispuso el procesamiento de 2 contraalmirantes 4 capitanes de navío, un capitán de fragata y un capitán de corbeta, con motivo del siniestro naval más importante en los últimos 80 años.
En el fallo, precedido de abundantes fundamentos que insumieron más de 500 fojas, Yáñez encontró responsabilidades penales en al menos 6 oficiales entre superiores y jefes de la fuerza naval de la República Argentina. En este sentido, la magistrada imputa al ex Comandante de Adiestramiento y Alistamiento naval Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo el mayor de los cargos penales dado que en su carácter de máximo responsable de las operaciones navales habría sido negligente a la hora de tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que el malogrado submarino estuviera en condiciones técnicas idóneas para realizar la misión encomendada. Siempre según el criterio de la jueza federal, Lopez Mazzeo no se asesoró debidamente ni se ocupó personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.
La lista de oficiales navales procesados se completa con el Capitán de Navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos, el Contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales, el Capitán de Navío Hector Alonso, ex jefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos, el Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos, y el Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.
Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la magistrada entiende que en mayor o menor medida todos ellos estaban en conocimiento –en virtud de los cargos que ocupaban– de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para hacerse a la mar y que en mayor o menor medida todos desoyeron el planteo del extinto Comandante Pedro Fernández respecto al funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19 lo que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia.
Los embargos en dinero van desde los 3,5 millones de pesos para López Mazzeo hasta dos millones para Sulia (el oficial de menor jerarquía procesado).
Sin bien de momento Yáñez no asignó responsabilidad penal alguna al ex presidente de la Nación Mauricio Macri ni al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, la magistrada dedica algunos párrafos a la responsabilidad que el poder político tiene respecto al estado de conservación del material operativo de las FFAA.
Fuente: Infobae.