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SUSCRIBITEEn su entorno aseguraron que estaba muy endeudado, y que "no llegaba a fin de mes".
En un hecho que ha generado conmoción y vuelve a poner de relieve la crisis salarial en las fuerzas de seguridad, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) se quitó la vida en la localidad bonaerense de Merlo. El cuerpo de Juan Antonio Landolfi, de 43 años, fue descubierto por un cuidacoches en el playón de estacionamiento de la estación de trenes local, dentro de su vehículo particular.
Según fuentes de la investigación, Landolfi —quien se desempeñaba en la división de Sistemas Multitecnológicos, encargada de equipar patrulleros— presentaba una herida de bala en la sien provocada por su arma reglamentaria, la cual fue hallada en su mano. Las primeras pericias indicaron que no había signos de violencia de terceros, reforzando la hipótesis del suicidio.
El trasfondo de la drástica decisión parece estar ligado a una delicada situación económica que el agente ya había manifestado a su entorno cercano. Compañeros de la fuerza confiaron que Landolfi venía sufriendo serias dificultades para cubrir sus gastos cotidianos y que la desesperación lo había llevado a solicitar autorización formal para realizar tareas de delivery fuera de su horario de servicio, con el fin de complementar sus ingresos.
Este episodio no es un caso aislado, sino que se enmarca en una problemática recurrente dentro de las fuerzas de seguridad, donde se han registrado hechos similares vinculados a contextos personales y financieros complejos. El malestar en el sector es evidente: apenas el pasado 2 de abril, integrantes de la PFA, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal protagonizaron una protesta conjunta inédita en reclamo de mejoras salariales.
Dado que el hallazgo se produjo en territorio de jurisdicción ferroviaria nacional, la causa quedó a cargo del Juez Federal Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal N° 3 de Morón. La carátula inicial ha sido establecida como "averiguación de causales de muerte". Si bien todo apunta a un suicidio motivado por deudas, la justicia mantendrá abierta la investigación para descartar fehacientemente cualquier otro elemento, como posibles extorsiones, antes de extinguir el proceso penal.