De esa manera, el funcionario judicial volvió a poner bajo
la lupa la figura de Diego Lagomarsino, el técnico informático que era empleado
de la Unidad Fiscal AMIA que en principio había sido señalado simplemente como
el hombre que prestó el arma que fue utilizada en el hecho que se investiga.
En su dictamen, Sáenz expresó su coincidencia con los
representantes de Sara Garfunkel (madre de la víctima) sobre "la poca
credibilidad que cabe asignarle a los dichos de Lagomarsino y del custodio
Rubén Benítez en cuanto a que Nisman les solicitó un arma de fuego".
Para el fiscal, la presencia en el departamento de Nisman
del arma que le dio muerte "no está avalada por una explicación
lógica", debido a que "las tres versiones obrantes en la causa
–proporcionadas por Diego Lagomarsino, Rubén Benítez y el Comisario Soto- solo
podrían tener corroboración por parte de Nisman, y porque además las tres son
contradictorias".
Las pruebas científicas -apunta Sáenz- llevan a la
"conclusión indiscutible de que el arma que produjo la muerte de Nisman
siempre deja residuos de disparo -deflagración- aún después de 20 horas de
disparada", pero en este caso eso no sucedió.
"No se encontró ninguna partícula característica de
deflagración. Por ende, no caben dudas ya de que no fue Alberto Nisman quien
disparó el arma que le dio muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que
fue víctima de un homicidio", sentenció en su texto.
El análisis se apoya también en las pruebas que ofrecieron
los letrados de las hijas de Nisman para sostener la hipótesis de homicido;
entre ellas destacó "la localización del disparo, la hematoma en la zona
occipital izquierda del cráneo, la lesión en la cara interna del tercio distal
de la pierna izquierda".
En el mismo sentido sumó las declaraciones testimoniales
"del médico Carrera Mendoza y la enfermera López, de la ambulancia de
Swiss Medical, de las que se desprende que el cuerpo de Nisman fue movido,
alterándose así la escena del crimen".
Finalmente Sáenz solicitó que "se declare la
incompetencia de la Justicia de Instrucción y se asigne intervención en la
causa a la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de
Buenos Aires".