Tras la fuga que se registró la semana pasada en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Luis María Campos al 700, prohibieron "la internación y la asistencia ambulatoria" de represores condenados en nosocomios militares.
Esta medida, que también rige para los "procesados con privación de la libertad", fue decretada por el Gobierno Nacional el viernes, luego de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se enterara de la fuga de Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi, ambos sentenciados por delitos de lesa humanidad.
Esta resolución “alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas” y prevé una comisión que evaluará el estado de salud de los represores presos, según se detalló en la resolución 85/2013 del Boletín Oficial de hoy.
El texto además completó que ante una situación de estas características, el caso "deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas o disciplinarias”.
