Tras la fuga del Hospital Militar de la Capital Federal de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que habían sido condenados recientemente por delitos de lesa humanidad, la Unidad de Información Financiera, a cargo de José Sbattella, procedió al congelamiento administrativo de todos sus bienes en el marco de la Ley antiterrorista.
Los represores habían sido juzgados y condenados, en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan por el secuestro y desaparición de la modelo francoargentina Marie Anne Erize Tiseau en octubre de 1976.
Ambos habían recibido altísimas penas por delitos como violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público.
Debido a la necesidad de recibir tratamiento médico, el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan había autorizado el traslado de ambos hacia el Hospital Militar "Cosme Argerich" de la Ciudad de Buenos Aires, de donde se fugaron durante la madrugada del jueves 25 de julio.
Frente a tales circunstancias, la Unidad de Información Financiera, en el marco de la Ley Nº 25.246 de lavado de activos, la Ley Nº 26.734 de financiación del terrorismo y el Decreto Nº 918/2012, de congelamiento administrativo, dictó una resolución de congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención.
Este congelamiento abarca todas las propiedades muebles e inmuebles y las empresas que pudieran estar a sus nombres o de las que fueran cotitulares, así como también los servicios bancarios.
De esta forma, en caso de que intenten realizar cualquier movimiento financiero, como retirar dinero de un cajero o utilizar tarjetas de crédito, la UIF será automáticamente informada y, a su vez, informará a las autoridades de las fuerzas de seguridad pertinentes.
viernes 15 de mayo 2026
