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SUSCRIBITE Diputados bonaerenses presentaron un proyecto de ley "de acceso justo al hábitat" que busca revertir el problema de déficit habitacional existente en la provincia de Buenos Aires mediante la "donación de tierras o efectivo" por parte de los desarrolladores de countries y barrios cerrados.
Así lo explicó a Radio 10 la diputada provincial oficialista Alicia Sánchez, esposa del dirigente Luis D´Elía, autora de la iniciativa que solucionaría –según ella– "el gran problema de déficit habitacional que hay en la provincia de Buenos Aires".
"El proyecto contempla la regularización dominial, la producción de suelo urbano y escrituración social", destacó Sánchez, quien resaltó que "en la provincia de Buenos Aires hay mil villas y asentamientos que quedaron de épocas pasadas".
Y agregó: "Lo que promueve este proyecto es la escrituración social de todas estas familias que viven allí hace años; los núcleos habitacionales habría que trasladarlos".
Consultada sobre la nueva obligación que tendrán los desarrolladores en caso de aprobarse la norma, la diputada aseguró que "no tienen que donar nada, tienen que devolver al Estado lo que usufructúan de todas las obras (en las) que el Estado invierte, por ejemplo, en asfalto o equipamiento de servicios y que no devuelven nada al fisco".
"Deberán pagar con una donación de tierra o efectivo que se usará para hacer viviendas populares; como no quieren que los sectores populares les estén cerca, habrá que hacer una inversión en dinero para comprar en otro lado", finalizó.
La otra cara de la moneda
El desarrollador urbanístico y presidente de Nordelta, Eduardo Costantini, dijo a Radio 10 que "en el caso de Nordelta, que fue aprobado por una ley de la provincia de Buenos Aires, es un desarrollo para construir una ciudad y se prevé que hay que ceder un metro cuadrado cada 10 habitantes".
"Esa cesión se hace al Municipio de Tigre, que resuelve qué destino le da: ya sea viviendas, hospitales, escuelas. No es algo nuevo. De cualquier manera, hay que legislarlo hacia adelante", detalló.
Costantini consideró que "esto hay que manejarlo con mucho cuidado y analizar la razonabilidad de la compensación. En los Estados Unidos, cuando un desarrollador pide un permiso de construcción, el municipio del lugar pide un contravalor. Y ese contravalor va destinado al municipio".
"No me parece que se pueda legislar haciendo una diferencia entre un desarrollo privado y uno abierto –finalizó Constantini–. Lo que hay que tener en cuenta es qué efecto positivo da a la sociedad este tipo de urbanización".
(Fuente: Infobae)