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SUSCRIBITE La disputa en torno al canal binacional comenzó cuanto el Tribunal de Cuentas uruguayo halló “irregularidades” en el proceso de negociación entre las delegaciones de ambos países en cuanto a las obras. En el informe de una auditoría se sugirió que la parte argentina había intentado demorar las discusiones para beneficiar a la compañía a cargo con la extensión del contrato.
Conocido el reporte, en el que además se mencionaba la denuncia de un intento de soborno realizada por un funcionario uruguayo en mayo, la cartera que conduce Héctor Timerman anunció que se resolvió suspender todas las acciones en torno al canal en tanto la contraparte aclare las dudas planteadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió luego excluir a la compañía Ríovía, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996, de toda nueva participación en las obras programadas. Así lo comunicó el canciller en una carta a su par uruguayo, Luis Almagro, en la tarde del viernes.
Uruguay, que ya se había opuesto a la suspensión de las tareas relativas al canal, rechazó de inmediato la decisión contra la empresa y pidió que se revea. En su respuesta a la Argentina, Almagro dijo: “Los efectos jurídicos y económicos de las medidas unilateralmente tomadas (…) serán de exclusiva responsabilidad de su parte”.
Boskalis, que negó los cargos en su contra, dijo que estudia la posibilidad de ir a la Justicia en caso de que se la excluya de la próxima licitación para el dragado.
En un nuevo comunicado, el gobierno argentino "lamentó" que Uruguay no acompañe la medida y le pidió que revise su postura.
"Argentina mantiene su posición respecto de excluir a Riovía por las razones expuestas públicamente el día viernes pasado y considera importante que Uruguay revea su decisión o que haga públicas las razones por las cuales considera que dicha empresa no debe ser apartada", señala la nota.
Fuente: infobae.com