El borrador del proyecto llegó esta mañana a varios legisladores del Frente para la Victoria. Fue antes de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, finalmente consiguiera ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido. Hasta al momento, de todos modos, el texto no llegó a la Mesa de Entradas del Congreso como proyecto de ley. De la reunión en Planificación, Brufau, que venía reclamando el encuentro desde hace días, se retiró sin hacer declaraciones.
Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen –todas las que tienen los Eskenazi- y 96.558.000 títulos de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46 por ciento al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento flota en bolsa y un 0,02 por ciento ya está en poder del Estado argentino.
El texto establece que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01 por ciento, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas.
En cuanto al precio que se pagará por las acciones a expropiar, el texto postula que “la valuación será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía”. También apunta que “el Poder Ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma” de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, “la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”.
El texto, al que tuvo acceso Clarín y que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499 de Expropiaciones, que el Poder Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del Estado nacional” y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado “estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF”.
Fuente: Clarín