En el ranking de discriminación, ser pobre quedó en primer lugar

La pobreza fue una de las mayores causas de discriminación en 2011 en San Juan, a juzgar por los datos oficiales de la delegación local del Inadi. Concretamente el 20 por ciento de las denuncias fueron encuadradas bajo el rótulo de “discriminación por condición social”.
Este año que termina, la oficina del Inadi recibió unas 500 consultas telefónicas por posibles casos que se tradujeron en 56 denuncias. En comparación con 2010, hubo un 40 por ciento más de expedientes tramitados y un viraje acerca de las principales causas: ya yo están a la cabeza del ranking los hechos vinculados a la identidad de género y a la discapacidad, sino la condición social, en primer término, y la ideología, en segundo lugar.
El otro dato llamativo es que la mayor parte de las denuncias correspondieron a hechos encuadrados dentro de ámbitos públicos (56 por ciento), por encima de las ocurridas en ámbitos privados (44 por ciento).
Como puede apreciarse en la infografía, en la tipología de actos discriminatorios, detrás de la condición social y de la ideología, aparecen inmediatamente la discapacidad y la orientación sexual o identidad de género. En quinto lugar aparece la discriminación por género y en sexto lugar, hechos vinculados a extranjeros que fueron maltratados por su sola etnia.
La estadística aclara que algunos casos fueron encuadrados en más de una categoría, debido a su complejidad.
En el pelotón de las tipologías que cierran el ranking aparecen los insultos discriminatorios, la discriminación laboral y la etaria (las tres con el 3,49 por ciento cada una); el control de admisión (de frecuente aplicación en los boliches locales), el aspecto físico y el credo (las tres con el 1,69 por ciento cada una).
Según el delegado local del Inadi, Horacio Rodríguez del Cid, la curva de denuncias debería seguir ascendiendo porque hay un mayor nivel de toma de conciencia acerca del derecho que tienen todos los ciudadanos a un trato sin discriminación alguna.
Según el funcionario, hay un fluido contacto con las distintas reparticiones del gobierno provincial, a punto tal que se canalizan muchas inquietudes que llegan al Inadi que no necesariamente pueden ser encuadradas como un acto discriminatorio pero sí necesitan de la intervención del Estado.