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SUSCRIBITE El plan nacional Potenciar Trabajo continúa en la mira de la Justicia. Ahora el dato nuevo es que el fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 beneficiarios que a su vez son empleados estatales de 10 provincias, una actividad 100% incompatible para recibir el beneficio. Un dato no menor es que aún restan 14 provincias y CABA por enviar los padrones de beneficiarios del plan.
De acuerdo a lo que ha trascendido, solo 10 provincias respondieron al requerimiento del fiscal, quién lleva adelante la investigación por presuntas maniobras ilícitas que estarían incluidas en el delito de defraudación contra la Administración Pública. Pero nos beneficiarios en irregularidad no serían los únicos en el ojo de la tormenta, debido a que también se accionaria contra funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales, por “acciones u omisiones” que facilitaron la comisión de los delitos contra el Estado Nacional.
Del universo de casos irregulares, Tucumán registra uno de los mayores números, con 1.145 empleados estatales que cobran el Potenciar Trabajo. Le siguen La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se detectaron 2.243 personas que cobran el beneficio, pero no sería la totalidad del padrón.
La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″. Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.
De acuerdo a los datos que comparte Infobae, San Juan forma parte de las 14 provincias, junto con CABA, que no han respondido a los requerimientos de la Justicia Nacional, pese a haber sido intimados en dos oportunidades por parte del fiscal Marijuan.
Dentro del grupo se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Como se explicó, la provincia de Buenos Aires respondió de manera parcial.
En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo -que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por el cambio de gobernadores”.
Un dato no menor es que entre las incompatibilidades del programa nacional, existe “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales”. A su vez puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.