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SUSCRIBITEEl organismo fiscal acusó penalmente a la Asociación del Fútbol Argentino por no haber depositado impuestos y aportes retenidos. El perjuicio al Estado superaría los $7.500 millones y apunta a la gestión de Claudio Tapia.
La Dirección General Impositiva presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades en el manejo de impuestos y contribuciones a la seguridad social. Según la acusación, la entidad deportiva habría retenido fondos de carácter fiscal y previsional sin ingresarlos en tiempo y forma al Estado, lo que generó un daño económico que supera los $7.500 millones.
La presentación fue impulsada por el organismo que depende de ARCA y está dirigida a investigar maniobras ocurridas entre agosto de 2024 y septiembre de 2025. De acuerdo al escrito judicial, la AFA habría incumplido su rol de agente de retención al no transferir los montos correspondientes a distintos tributos nacionales y aportes previsionales, pese a contar con la capacidad operativa para hacerlo.
El detalle de la denuncia indica que las retenciones impositivas impagas alcanzan más de $916 millones e incluyen conceptos como IVA y el Impuesto a las Ganancias, mientras que las contribuciones a la seguridad social, depositadas fuera de los plazos legales, superan los $6.600 millones. En conjunto, la suma reclamada asciende a $7.593.903.512,23, cifra que motivó la acción penal.
Desde ARCA sostienen que los hechos encuadran en los delitos previstos por el Régimen Penal Tributario, al tratarse de fondos que no pertenecen a la entidad y que debían ser transferidos al fisco en plazos determinados. En ese sentido, remarcaron que la retención seguida de la omisión del depósito configura una apropiación indebida, tal como lo ha establecido la Corte Suprema en fallos previos.
En la denuncia se identifica como principal responsable a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA, en su condición de máxima autoridad administrativa y responsable del manejo fiscal de la institución. Si bien la asociación no registra antecedentes penales tributarios, el organismo fiscal consideró que existió una conducta dolosa, ya que la obligación legal era conocida y aun así no fue cumplida.
La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Nacional en lo Penal Económico, debido al domicilio fiscal de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires. Como respaldo probatorio, se incorporó documentación elaborada por el área de Grandes Contribuyentes de la DGI.
En su cierre, la denuncia advierte que este tipo de incumplimientos afecta directamente la recaudación estatal y compromete el financiamiento de políticas públicas, al tratarse de recursos indispensables para el funcionamiento del Estado.
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