La relación entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei no comenzó de la mejor manera, mucho más cuando el tema presupuestario se metió en el medio. El conflicto suma un nuevo capítulo tras la media sanción que Diputados dio al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y la confirmación que Javier Milei podría vetarla si se convierte en ley.
En conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que, de prosperar el proyecto de la oposición, podría ser vetado. “El Presidente lo dijo, todo lo que tenga intención de destruir el equilibrio en las cuentas públicas, se usarán todas las herramientas para evitarlo. El veto hoy no está en agenda si eso tiene una sanción definitiva, pero tenemos que ser respetuosos hasta que eso así sea”, sentenció.
Si bien no lo confirmó, con esa afirmación abrió el paraguas ante una situación que podría darse en la Cámara Alta, en caso de lograr la media sanción faltante para ser ley.
“Lo cierto es que nosotros siempre lo destacamos, hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al dialogo, eso siempre va a ser así y jamás estuvo en riesgo la educación pública, menos aún en las universidades. No hay mucho para decir hasta que efectivamente en tal caso el proyecto tenga sanción definitiva”, detalló.
Al ser consultado nuevamente sobre cuál será la postura del Ejecutivo en caso de convertirse el proyecto en ley, Adorni dijo: “No tenemos la sanción definitiva de la ley, cuando lo tengamos, lo podremos analizar; pero como premisa el Presidente tiene en claro que todo lo que vaya en línea con destruir el equilibrio de las cuentas será analizado su veto. Todo lo que se considere que no, se respetará la decisión del Poder Legislativo”.
Es importante destacar que el proyecto de financiamiento universitario precisamente lo que plantea es un cálculo a la hora de definir el monto que Nación destinará a las casas de altos estudios
El texto establece una actualización basada en la inflación del INDEC del año pasado, una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor, 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos. También propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.