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SUSCRIBITEEl nuevo proyecto de Ficha Limpia, enviado por el Ejecutivo, consiguió dictamen de comisión con 30 firmas. Hubo otros cinco dictámenes.
En un debate con fuertes cruces entre el PRO y el kirchnerismo, el nuevo proyecto de Ficha Limpia, enviado por el Ejecutivo, consiguió dictamen de comisión con 30 firmas. La iniciativa impide que personas condenadas, en segunda instancia, por corrupción puedan ser candidatas. Aunque, para que la prohibición se aplique, la condena confirmatoria debe haber sido dictada antes del inicio del año electoral.
El oficialismo ahora quiere votarlo en el recinto entre el martes y miércoles que viene. Si bien la iniciativa obtuvo luz verde, el escenario de cara a la sesión es incierto porque hubo seis dictámenes distintos que ahora deben consensuar. Por tratarse de un proyecto electoral necesitan mayoría especial: 129 votos afirmativos. "Entre la opción de que salgo o no salga, van a terminar inclinándose por aceptar el de mayoría", confían en La Libertad Avanza.
El PRO y LLA encabezaron el dictamen de mayoría, que también firmaron, aunque en disidencia, la Coalición Cívica, la UCR y el bloque de gobernadores Innovación Federal.
Pero hubo otros cinco dictámenes: dos de la bancada radical Democracia para Siempre; de Margarita Stolbizer y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal; de Unión por la Patria; y de la Izquierda.
"Dejen de repetir que nos oponemos a Ficha Limpia. Nosotros tenemos dictamen propio. Estamos de acuerdo con tener Ficha Limpia pero no con forzar los preceptos constitucionales de presunción de inocencia, que solo se rompe con la sentencia firme”, señaló Mónica Litza del Frente Renovador.
El nuevo proyecto -que terminó de diseñar el ex diputado radical y actual ministro de Defensa, Luis Petri, y tuvo el aval de la legisladora PRO, Silvia Lospennato- mantiene la base del dictamen original: el impedimento para que personas que tengan una condena, confirmada en segunda instancia, por delitos de corrupción puedan ser candidatos
Sostiene los mismos delitos: "Cohecho y tráfico de influencia, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y encubrimiento".
La novedad es que incorpora un plazo: el impedimento a ser candidato aplica si la segunda condena ocurre antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios.
Además, amplía el rango de afectados: no va a regir solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para funcionaros.
"No podrán ser designadas como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior", detalla el proyecto.