Luego de la eliminación del régimen de compensaciones económicas del Gobierno nacional para las empresas de colectivos de larga distancia destinado a personas con discapacidad y problemas de salud, desde el sector del transporte hicieron una furte denuncia. La Cámara Empresaria de Larga Distancia denunció que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones en el marco del subsidio. El conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.
La polémica se desató luego de que la Secretaría de Transporte publicara la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas para las compañías que otorgan boletos gratuitos a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.
Desde el sector empresarial sostienen que la medida fue tomada en medio de una disputa judicial abierta y en un contexto de incumplimiento del Estado nacional.
Según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año.
“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, indicaron desde CELADI.
Las empresas aseguran que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda se habría ido acumulando mes a mes mientras las compañías continuaban entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.
El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
