El Gobierno anunció que dará de baja a 60.000 pensiones debido a incompatibilidades con los requisitos establecidos. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que estas irregularidades incluyen la posesión de varios autos, propiedades, bienes fuera del país, embarcaciones e incluso aviones privados por parte de algunos beneficiarios.
Según Adorni, la auditoría expuso un fraude significativo que podría haber desviado hasta un tercio de los 3.400 millones de dólares asignados en 2023 para pensiones por invalidez laboral.
Los datos oficiales indican que el número de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral creció de 79.000 en 2003 a 1.045.000 en 2015. Además, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, se añadieron 200.000 nuevas pensiones, elevando el total a más de 1,2 millones de beneficiarios.
Una de las áreas más afectadas por estas irregularidades fue la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde se identificó que 683 empleados estaban recibiendo pensiones sin haber pasado por una revisión médica; de estos, el 90% obtuvo el beneficio sin los controles adecuados.