En un paso significativo hacia la justicia internacional, el juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo. Ambos son acusados de graves violaciones a los derechos humanos, una medida que también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense. Esta resolución se enmarca en una causa presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
La denuncia fue impulsada originalmente el 26 de agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte, junto a un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. En ella se detalla una serie de crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
“Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, destacó Richarte, quien calificó la resolución judicial como un “hecho histórico”. Según el abogado, el caso fue elaborado durante más de dos años con testimonios de víctimas, documentos y pruebas recopiladas en colaboración con organismos internacionales.
La investigación documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas bajo el régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018. Estas incluyen la brutal represión de manifestaciones civiles, el encarcelamiento de opositores políticos y la persecución de grupos vulnerables. Entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante presentó siete ampliaciones de la demanda, fortaleciendo la base probatoria del caso.
La justicia argentina sustenta su competencia en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves como los crímenes de lesa humanidad sin importar dónde hayan sido cometidos. Este principio fue respaldado por el fiscal Eduardo Taiano y ratificado por el juez Lijo, quien también consideró testimonios de víctimas bajo reserva de identidad e informes de organismos internacionales como elementos clave en su decisión.
Richarte destacó que el fallo “busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”. Este avance también representa un nuevo desafío diplomático para el régimen nicaragüense y pone presión sobre organismos multilaterales y gobiernos regionales para que adopten medidas concretas.
El caso marca un precedente en la justicia penal internacional y refuerza la visibilización de la crisis en Nicaragua. Los denunciantes esperan que esta medida contribuya a avanzar hacia la justicia para las víctimas y la restauración de la democracia en el país centroamericano.
