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SUSCRIBITELa información fue brindada por el Pentágono, que consideró a las embarcaciones como operadas por “organizaciones terroristas designadas”. el presidente colombiano habló de "asesinatos".
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este martes en la red X que, “por orden del presidente Donald Trump”, el Departamento de Guerra ejecutó tres “ataques cinéticos letales” contra cuatro embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, eran operadas por “organizaciones terroristas designadas” dedicadas al narcotráfico en el Pacífico oriental.
Hegseth precisó que las naves transitaban por rutas de tráfico conocidas y que, en los tres ataques, murieron 14 presuntos “narco-terroristas”, mientras que un sobreviviente fue rescatado bajo la coordinación de las autoridades mexicanas. De acuerdo con fuentes militares y de prensa, las operaciones se realizaron en aguas internacionales y no se registraron bajas estadounidenses.
El Pentágono explicó que el Comando Sur activó los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR) y delegó el caso del superviviente a las autoridades mexicanas. Hegseth no precisó si esa persona permanecería bajo custodia del país vecino o sí sería entregada a Estados Unidos.
En un ataque a principios de octubre, en el que hubo dos sobrevivientes, el ejército estadounidense rescató a ambos y posteriormente los repatrió a Colombia y Ecuador.
Los ataques, aseguró Hegseth, forman parte de una campaña más amplia del gobierno de Trump que, en las últimas semanas, extendió sus operaciones desde el Caribe hasta el Pacífico, en lo que la Casa Blanca presenta como una “defensa del territorio nacional” frente a la amenaza del narcotráfico.
La Armada de México dijo este martes que realizaba una operación de rescate luego de que ataques norteamericanos. La Marina precisó en un comunicado que la operación de búsqueda y rescate marítimo se realizaba a más de 830 km al sudoeste del puerto de Acapulco y que se hizo a solicitud de la Guardia Costera estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no está de acuerdo con estos ataques y pidió que estos temas se discutan con Estados Unidos de manera bilateral, ya que su gobierno quiere “que se cumplan todos los tratados internacionales”.
“Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, cómo se dan”, dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.
El anuncio marca además una escalada en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre con semanas de intervalo. Esta fue la primera vez que Estados Unidos anuncia múltiples ataques en un mismo día.
El saldo de muertes por los 13 ataques revelados desde principios de septiembre asciende ahora al menos a 57 personas.
En su anuncio sobre los últimos ataques, Hegseth también continuó trazando paralelismos entre las acciones militares contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Afirmó que los cárteles “han matado a más estadounidenses que Al Qaeda, y serán tratados de la misma manera”.
El presidente norteamericano, Donald Trump, también ha justificado los ataques afirmando que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga y declarando a estas organizaciones criminales como combatientes ilegales, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno del presidente George W. Bush para la guerra contra el terrorismo.
Sin embargo, el gobierno de Trump no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones sobre las embarcaciones, su conexión con los cárteles de la droga o incluso la identidad de las personas asesinadas en estos ataques.
Estos episodios se inscribe además en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en la región. Washington ordenó el traslado del grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford al área de responsabilidad del Comando Sur, un gesto que evidencia su voluntad de proyectar poder naval en el hemisferio occidental. Analistas interpretan la medida como una escalada operacional que amplía el uso de la fuerza más allá del mar abierto y acerca las maniobras a las costas latinoamericanas.
Sin embargo, la ofensiva ha generado reacciones divididas y un intenso debate legal. Varios gobiernos y especialistas en derecho internacional han cuestionado la legitimidad de emplear armas letales en operaciones de interdicción marítima, sin detenciones ni presentación de pruebas que confirmen la relación entre las embarcaciones y grupos criminales o terroristas.
En paralelo, diversos analistas y observadores regionales sostienen que esta serie de ataques y el fortalecimiento del dispositivo naval también buscan presionar y desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Según esta lectura, la campaña militar tendría una dimensión política encubierta, destinada a ejercer influencia sobre el equilibrio regional más que a combatir el narcotráfico de manera estricta.
Las críticas también se multiplican desde el ámbito diplomático. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó los ataques como “asesinatos”, y juristas consultados por medios internacionales advirtieron que las operaciones podrían violar el derecho marítimo y los derechos humanos si no se demuestra la inmediatez de una amenaza.
Desde Washington, tanto la Casa Blanca como el Pentágono defendieron la legalidad de las acciones bajo una interpretación amplia de las facultades presidenciales y del principio de defensa nacional. Argumentan que se trata de proteger a la población estadounidense frente a “organizaciones que asesinan a civiles y trafican armas y drogas”.