Este martes, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA) denunció supuestas irregularidades en el accionar del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, acusándolo de actuar de manera parcial en la causa que involucró a la empresa eslovaca IBERTE, del español Juan José Retamero. Según la gacetilla difundida por la entidad, los fiscales Juan Ticheli y Alejandro Iturbide ignoraron evidencia clave y se enfocaron en imputar a los directivos de la cooperativa. La pulseada tiene un correlato sanjuanino interesante.
Tras varias postergaciones, los directivos de FECOVITA, Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, fueron notificados por el Juzgado Penal Colegiado Nº1 de Mendoza, presidido por la jueza de Garantías Eleonora Arenas, de su imputación por el delito de estafa en una de las causas que mantuvieron contra su ex socia, IBERTE.
En San Juan, FECOVITA es la principal compradora de vino. Ergo, es un gigante con una fuerte presencia en el mercado vitivinícola de la provincia. En tanto, el dueño de IBERTE, el español Retamero, también tiene un lazo sanjuanino. El empresario es el accionista mayoritario de la mina Gualcamayo. Además, compró el ex predio de Cinzano y anunció un proyecto inmobiliario. El choque judicial, entonces, sucede entre dos protagonistas de la economía local.
Este martes a la mañana, los cuatro dirigentes de FECOVITA se presentaron en el edificio del Polo Judicial, donde recibieron la notificación en turnos individuales. Sin embargo, optaron por abstenerse de declarar y presentaron en conjunto un escrito en el que recusaron al fiscal Juan Ticheli y a su jefe Alejandro Iturbide, denunciando parcialidad en el proceso judicial.
Cabe recordar que esta causa ya había sido archivada por el fiscal Flavio D’Amore, pero fue reactivada por pedido de IBERTE, en un proceso que FECOVITA calificó de irregular y cargado de presiones y lobby.
FECOVITA sostuvo que la fiscalía omitió cláusulas fundamentales del contrato firmado con IBERTE y EVISA, favoreciendo una narrativa que los colocó como deudores. Sin embargo, según la cooperativa, los documentos legales demostraron que la deuda reconocida por ambas empresas hacia FECOVITA era superior a la que la fiscalía tomó en cuenta. Además, remarcaron que el fiscal D’Amore había archivado una denuncia por estafa contra IBERTE antes de ser removido de su cargo.
Según la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, en el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, FECOVITA habría engañado a IBERTE bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad EVISA, para que la firma eslovaca invirtiera $3.139 millones en capital. De acuerdo con la versión del fiscal, mientras IBERTE cumplía con sus compromisos, los directivos de FECOVITA desviaron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que nunca fueron entregados.
La acusación sostuvo que FECOVITA utilizó la creación de EVISA como una pantalla para apropiarse del capital de IBERTE y luego retirarse de la sociedad cuando obtuvo las habilitaciones necesarias, dejando a la empresa descapitalizada y al borde de la ruina. También se señaló que los directivos engañaron a los cooperativistas para conseguir su respaldo, presentando el acuerdo como una “capitalización de hasta 10 millones de dólares a tasa 0%”, según denunciaron los demandantes Juan José Retamero y Guillermo García.
La federación también denunció que las medidas judiciales afectaron gravemente su actividad comercial. En particular, señalaron que la prohibición de salida del país impuesta a sus directivos —luego levantada por la jueza de garantías— impidió la concreción de reuniones estratégicas con compradores internacionales como Soriana (México), Coca-Cola, Pepsico, Ocean Spray y Tropicana, generando un impacto económico negativo.
Movimientos financieros sospechosos y el rol del Banco Nación
FECOVITA alertó sobre maniobras financieras de IBERTE que podrían haber constituido una violación a la ley penal cambiaria. Según su denuncia, la empresa eslovaca utilizó la Bolsa de Comercio para liquidar divisas de manera irregular, con un movimiento de fondos superior a los $2.900 millones retirados de EVISA en cuestión de días tras la salida de FECOVITA de la sociedad. Además, se señaló que retuvo pagos de clientes del exterior por aproximadamente USD 15 millones, que debían haber ingresado a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). La federación cuestionó por qué la fiscalía no investigó estas transacciones, a pesar de la gravedad de las cifras involucradas. Ante la inacción de la justicia, FECOVITA anunció que elevaría la denuncia a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a autoridades estadounidenses.
Asimismo, acusaron al Banco Nación de cortar abruptamente el crédito a la cooperativa, perjudicando a miles de pequeños productores que dependían de su financiación. En su comunicado, FECOVITA respaldó la postura del gobierno de Javier Milei sobre la privatización del banco y lo acusó de ser una herramienta de presión política.
