La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) salió a responder con fuerza a las denuncias realizadas por la cámara Bodegas de Argentina (BA), asegurando que el comunicado distribuido a los medios contiene mentiras y omisiones deliberadas. Según Mario Gonzáles, presidente de COVIAR, hay varios puntos que necesitan ser aclarados para entender la verdadera situación, dio nombres y desmintió acusaciones.
Los cruces y chispazos surgieron a partir de la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado del PRO porteño Damián Arabia para derogar la ley 25.849 que creó la Coviar en 2004. Su argumento es que, pese a recaudar a través de cobros obligatorios a la industria; no logró alcanzar el objetivo de su Plan Estratégico.
Acto seguido, la cámara Bodegas de Argentina -que nuclea a las bodegas fraccionadoras, incluidas las sanjuaninas- emitió un comunicado apoyando la eliminación de la COVIAR con un largo detalle de datos sobre falta de transparencia en el uso de fondos, y el incumplimiento de metas. El titular de la entidad cuestionada salió a descalificar esas denuncias, - “hay varias mentiras”, indicó- y hasta cuestionó que las mismas fueron plasmadas en un comunicado sin firmas.
El contraataque
Entre las afirmaciones realizadas por COVIAR, destacaron que referentes de Bodegas de Argentina tuvieron un papel clave en la gestión financiera de la institución y nunca cuestionaron los gastos realizados. Se mencionó al bodeguero Walter Bressia que fue vicepresidente de COVIAR hasta 2020 y que Juan Carlos Pina, gerente de BA fue tesorero desde el inicio de la entidad hasta fines de 2019 cuando dejaron de participar. “En todo ese tiempo no hubo un solo gasto sin que tuviera el aval y firma del gerente de Bodegas de Argentina”, indicó González.
“No hay una sola presentación ni objeción formal hecha por Bodegas de Argentina o alguna otra institución contra el manejo de fondos y la ejecución de proyectos por parte de COVIAR”, dijo Mario González.
Además, se destacó que, como institución pública, COVIAR tiene síndicos y auditores puestos uno por el Gobierno de Mendoza y otro por el Gobierno de San Juan, lo que garantiza la transparencia en la gestión.
En el comunicado, Bodegas de Argentina denunció que entre 2004 y 2020 –fecha en que se salieron de la COVIAR- ésta administró un presupuesto total de U$S230 millones con falta de “transparencia”. Unos U$S 52 millones fueron aportados por San Juan, según estimaciones del sector vitivinícola.
Cabe aclarar que, aunque la denuncia de BA corresponde a la plata gastada en esos 16 años, actualmente se sigue financiando con el aporte de un porcentaje de la elaboración y fraccionamiento de vinos y mostos.
González también destacó que todo el presupuesto se ejecuta a través de las unidades ejecutoras que forman COVIAR, desde Wines of Argentina al Fondo Vitivinícola, y que juntos se llevan más del 60% del presupuesto, seguido por Producción Primaria y el resto de las unidades.
Y agregó que COVIAR sigue trabajando con el financiamiento de los privados vía contribución más la ejecución de proyectos que tienen financiamiento de organismos como el BID, el Consejo Federal de Inversiones, el actual Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales.
Las metas del PEVI
Las bodegas destacaron que la visión de la ley de creación de COVIAR fue que en el año 2020 la industria vitivinícola argentina se posicione de forma sostenible entre las más destacadas del mundo; alcance ventas por U$S 2.000 millones, participe con un 10% del volumen de las exportaciones mundiales y logre la valoración y el reconocimiento de los consumidores. Sin embargo, denunciaron que nada de esto se cumplió. La participación en volumen mundial al año 2020 fue del 3,7% en lugar del 10%, las exportaciones alcanzaron solo los U$S 791 millones y hubo una caída del 30% del consumo per cápita en Argentina.
González indicó que muchos objetivos no se pudieron cumplir por “los vaivenes” de la economía nacional y la falta de “reglas de juego estables”. En ese sentido, agregó que la estrategia se armó durante la crisis de Argentina entre 2001 y 2002, donde el sector vitivinícola no estuvo al margen. “Por eso el sector privado decidió juntarse y con aportes propios, para evitar la injerencia de un gobierno de turno, se trató de generar un plan estratégico", dijo.
Ante eso, desde COVIAR destacaron que las metas fueron “aspiracionales” y que se alcanzaron varios logros. Entre ellos, que los vinos argentinos tienen reconocimiento y calidad, que se posicionaron los varietales argentinos en los mercados del Norte y se desarrolló el mercado latinoamericano, además de que se reimpulsó el mercado interno.
Finalmente, aseguran que hay ejemplos de sobra sobre el apoyo al desarrollo de pequeños productores de uva para integrarlos en el negocio. En ese sentido hay que recordar que el Proviar (Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina) conto con un aporte inicial de 50 millones de dólares por parte del BID, y un segundo aporte similar quedó trunco, logrando un pequeño desembolso de 8 millones de dólares durante la presidencia de Alberto Fernández.
La polémica generada por el proyecto de ley para eliminar la COVIAR sigue siendo intensa, y esta respuesta de COVIAR agrega un nuevo capítulo a la discusión.