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Muchos locales comerciales no lograron quedar de pie. Fuente: laimagenpensativa.unsj.edu.ar
Azúcar, el gran faltante
Uno de los grandes ausentes en marzo de 1944 -que reflejaron los medios de la época- con preocupación fue el azúcar. En la provincia, la escasez se fue profundizando al punto tal que tuvo que tomar cartas en el asunto el Interventor Federal Humberto Sosa Molina. Argentina en ese momento se encontraba bajo el control de los militares, quienes habían llevado adelante un Golpe de Estado contra Ramón Castillo en 1943.
Mientras en el norte, Ledesma tenía en galpones 8.000 bolsas reservadas para San Juan, como atención por la catástrofe natural, ni un solo kilo estaba llegando a la provincia. El origen del inconveniente se encontraba en el traslado. Fue por ello que Sosa Molina inició gestiones con la Dirección Nacional de Ferrocarriles, dejando en evidencia que la falta de azúcar (y otros productos de primera necesidad) se debía a una escasez de vagones.
San Juan necesitaba 14 vagones para el traslado mensual de 422.000 kilos de azúcar, dos más para 60.200 kilos que llegarían a Jáchal y dos vagones con la misma cantidad de kilos para Caucete. El requerimiento era que se mantuviera la “atención especial” para la provincia hasta junio inclusive, con viajes semanales para recomponer el abastecimiento. Desde la Dirección Nacional de Ferrocarriles asumieron el compromiso con la finalidad de recomponer la situación, dejando en evidencia un contratiempo mayor: la poca disponibilidad de vagones.
La falta de vagones, un inconveniente que provocó un efecto domino
Mientras el país entero se organizaba para ayudar a la sociedad sanjuanina, la asistencia no llegaba a tierras cuyanas. Los fletes manejaban elevados costos para los precios de la época y el faltante de vagones entorpecía todo.
No solo azúcar faltaba en la provincia. También había problemas con la llegada de mercadería en general como leña, madera y hasta materiales de construcción. Pero los inconvenientes fueron mayores cuando en las estaciones locales comenzaron a acumularse las distintas cargas que se distribuían fuera de las fronteras provinciales y que permitían motorizar la actividad productiva.
“La escasez de vagones es notable, como lo hemos afirmado, mucho antes de producirse el sismo del 15 de enero, a lo que se debió –entre otros factores- el repentino encarecimiento de la leña y el carbón, y las innumerables dificultades que han venido soportando los comerciantes e industriales, que no han podido conseguir con regularidad –salvo aún caso aislado- que se les proveyera de vagones que les eran necesarios”, señalaba un comunicado emitido por Nación en marzo de 1944.
Si bien desde la provincia se enfatizaba en una mayor consideración hacia la comunidad debido a la reconstrucción post terremoto, las gestiones fueron destrabando la situación pero no al ritmo deseado.
Crisis del combustible
En octubre de 2023 prácticamente el 100% de los medios de todo el país, incluido San Juan, hacían referencia a lo mismo: el faltante de combustible en los surtidores y cómo provocaba daños en otros rubros. En 1944 la situación no presentaba muchas diferencias. Los diarios de tirada local relataban como la falta de combustible en todo el país generaba graves problemas.
“Tenemos derecho a un tratamiento preferencial. Nuestra situación es distinta a la de las demás provincias y territorios nacionales. La necesidad de un consumo mayor de combustible deriva de la multiplicación de las tareas que deben cumplirse. El gasto oficial de nafta, como consecuencia de la labor de reconstrucción, ha aumentado considerablemente”, reflejaba un artículo de La Acción publicado el viernes 24 de marzo de 1944.
Estas expresiones eran compartidas por la población. El Interventor Federal Sosa Molina inició gestiones, así como lo hizo en el caso de los vagones, con la gente de YPF, expresando las complejidades de la provincia y como la falta de nafta profundizaba la crisis social. Atentos a la situación, desde la petrolera respondieron que le darían prioridad al estudio de la situación en San Juan, con el objetivo de solucionar el abastecimiento en abril.
La entrega de stock estaba bajo el control de las autoridades nacionales. Desde ahí provenía la orden de restringir tanto nafta, fuel oil como kerosene. Las autoridades provinciales descansaban bajo la promesa de normalizar la situación en el corto plazo, pero la sociedad tuvo que acudir a “medios primitivos” para, por ejemplo, la iluminación de los hogares debido a los inconvenientes eléctricos, por lo que el kerosene se volvió oro líquido y su precio, una locura para la época.
Alquilar, un dolor de cabeza
Salvando las diferencias y las distancias, así como ahora alquilar es una odisea por los motivos que en más de una oportunidad se trataron en este medio, en el San Juan post terremoto del '44 también resultó ser una complejidad, con el foco del conflicto puesto en el precio.
Luego del 15 de enero, el Centro Comercial y la Cámara de Alquileres firmaron un convenio donde la segunda entidad asumía el compromiso de sostener el canon que se manejaba previo al desastre; pero los comerciantes entendían que, si el local se encontraba en buenas condiciones, el convenio tenía sentido. Por el contrario, si el local debía ser intervenido o no estaba habilitado, el precio debía ser reconsiderado.
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Así quedaron las calles céntricas, donde estaba la mayor concentración de comerciantes. Fuente: laimagenpensativa.unsj.edu.ar
El conflicto y la falta de acuerdo, además del abuso de parte de algunos propietarios y la falta de claridad en torno a cada caso, escaló al punto tal que la Intervención Federal emitió un decreto sobre el pago de alquileres de inmuebles que habían sido afectados por el terremoto, sin importar el grado de daño.
De esa manera, se establecía lo siguiente:
*Si la vivienda familiar o el local comercial seguía siendo alquilado y contaba con la habilitación de la Dirección General de Arquitectura, se respetaba el valor mensual convenido antes del 15 de enero.
*Si la vivienda familiar o el local comercial no estaba habilitado, pero el espacio era ocupado por una vivienda de emergencia, correspondía el 30% del canon que se cobraba antes del 15 de enero. Si la vivienda de emergencia había sido levantada por el propietario, el monto se elevaba al 40%.
*Si la vivienda familiar o el local comercial no estaba habilitado, pero los inquilinos lo usaban para guardar sus bienes, se debían pagar el 20% de precio establecido antes del sismo.
*Si la vivienda familiar o el local comercial no estaban habilitados, pero además se encontraban desocupados, de manera automática se daba de baja el contrato.
Un permiso “llamativo” y un pedido “desesperado”
Ubicados nuevamente en la línea temporal, en 1944 el país estaba bajo el régimen de los militares, lo cual implica mayores controles y restricciones en actividades que hoy se desarrollan con una normalidad acostumbrada.
Tras un pedido elaborado por parte del Centro de Almaceneros Minoristas y Anexo ante la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, los almacenes de San Juan consiguieron un permiso único en la región, pero no era para toda la provincia.
Se autorizaba a los negocios situados en las zonas declaradas de emergencias por el sismo a poder abrir sus puertas los domingos, de 9 a 13 horas. Solo podían abrir aquellos locales que se dedicaban al expendio de artículos considerados de primera necesidad y debía ser atendido por su propio dueño, sin presencia de empleados. Quienes no cumplieran con la disposición, o incurrieran en alguna infracción, debían pagar una multa de cien pesos. Para hacer un paralelismo, un catre valía $25 y un kilo de azúcar 50 centavos, y era considerado un precio elevado.
Mientras algunos sectores de la comunidad pedían vivienda, otros trabajo, los comerciantes de una zona de lo que hoy es el microcentro utilizaban los medios de tirada local para pedir la habilitación del tránsito en la zona. Incluso elevaron una nota a las autoridades provinciales de Obras Públicas señalando que los propietarios de los comercios ubicados en Rivadavia, entre Mendoza y Rawson, se veían fuertemente perjudicados por la falta de tránsito.
Cabe recordar que la calle Rivadavia era una de las arterias principales de la ciudad. Lo que hoy conocemos como Av. Ignacio de la Roza no existía como tal, por lo que la mayoría de los comerciantes buscan un lugar por la arteria mencionada, que tras el sismo se vio perjudicada.
El pedido consistía en permitir que los sanjuaninos pudieran volver a caminar por la zona, que de a poco iba recuperando su vida, como el resurgir del ave fénix.
Los pedidos ante los problemas económicos y financieros que atravesaba San Juan
La productividad se vio afectada de lleno tras el fenómeno. Volver a retomar las actividades tanto comerciales como industriales representaron un gran esfuerzo para la comunidad, no solo por las condiciones edilicias, sino porque en muchos casos significaba un volver a empezar y no todos contaban con auxilio financiero para situaciones de emergencias como la que atravesaba la provincia.
Fue por ello que los sectores que nucleaban la actividad comercial e industrial solicitaron una moratoria con un interés anual que no superara el 4% y que se extendiera hasta el 30 de junio de 1946. El pedido era que se tuvieran en cuenta las obligaciones contraídas antes del 16 de enero de 1944. De esta manera, se buscaba evitar la quiebra de decenas de empresas y comercios que se vieron fuertemente afectados por el terremoto, calculando un periodo de dos años para la recuperación de la actividad plena.
También solicitaron que se “perdonen” las deudas hipotecarias, es decir, que no se cobren por parte del Banco Hipotecario de la Nación las cuotas de las viviendas afectadas por el terremoto, remarcando que la deuda que mantenían las familias sanjuaninas no afectaría la actividad de la entidad bancaria y “daría solución a un estado de cosas que no tienen salida”, de acuerdo a lo que precisaba un memorial emitido por las entidades comerciales e industriales, dirigido a las autoridades de los poderes públicos de San Juan.
Dentro del memorial se incluía la solicitud para que tanto patentes como contribución directa no sean cobradas a los damnificados.
Sin duda uno de los temas que generaba mayor preocupación por aquella época era qué sucedería con la Capital de San Juan. Durante meses fue el foco de una discusión que parecía no tener fin. Mientras había quienes solicitaban, por temor o estrategia, el traslado de la ciudad, otros enfatizaban en la necesidad de volver a levantar la ciudad en el mismo lugar donde yacían sus restos.
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Imagen aérea Plaza 25 de Mayo, previo al terremoto. Fuente: laimagenpensativa.unsj.edu.ar
Ensanches de calles, ampliaciones, mejoras urbanísticas, construcciones antisísmicas eran parte de los pedidos que realizaban los sectores productivos de la provincia, solicitando que la ciudad mantuviera su ubicación.
Recuperar una provincia de las ruinas fue el principal desafío de la población sanjuanina tras el fenómeno que sorprendió a la sociedad toda. Pero el terremoto también tuvo su lado B, problemas que surgieron o que volvieron a ser tema de agenda, con el condimento especial de una jurisdicción en reconstrucción.
Lo curioso es que pasaron ocho décadas de aquella fatídica tarde del 15 de enero de 1944, y la sociedad sanjuanina aún sigue teniendo los mismos dolores de cabeza en materia económica y productiva.
