Para garantizar en San Juan la inmediata aplicación de los beneficios tributarios contemplados en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, el Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), conjuntamente con autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y Secretaría de Industria, Comercio y Servicios) y del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía (Dirección de Recursos Energéticos), llevaron adelante una sesión de trabajo técnico con representantes de las Cámaras Agroindustriales de la provincia.
En este encuentro se iniciaron las tareas para establecer protocolos de validación expeditivos. El objetivo es garantizar el efectivo e inmediato traslado del beneficio (alícuota IVA 10,5%) al costo final de la energía de los suministros beneficiarios, eliminando redundancias burocráticas.
Así, se avanzó en la meta de que el EPRE instruya y supervise la adecuación de los sistemas de facturación de las distribuidoras, para reflejar la reducción del IVA de forma directa y auditable en el medidor del productor. Esta medida aplicará a facturas que incluyan al menos 1 día de consumo de abril 2026 en adelante y la declaración jurada de los beneficiarios debe presentarse vía oficina virtual, para acreditar el destino agroindustrial del consumo eléctrico.
Esta medida se basa en la reciente Ley de Modernización Laboral, identificada como Ley 27.802, la cual establece un cambio profundo en la carga tributaria para el consumo energético del sector.
El impacto más relevante de esta normativa es la modificación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el suministro eléctrico en sistemas de riego, la cual desciende del 27% al 10,5%. Según las estimaciones oficiales, esta reducción impositiva se traduce en un ahorro promedio del 13% en el monto total de la factura de luz, lo que constituye un alivio financiero sustancial tanto para las grandes empresas agroindustriales como para los pequeños productores. El objetivo central de esta disposición a nivel nacional es mitigar el peso que el componente energético tiene dentro de la estructura de costos del servicio eléctrico dedicado a la producción.
