A pesar del freno que se registra en algunas operaciones, el mercado de terrenos en San Juan mantiene una oferta amplia y con valores muy dispares, según la zona y las características de cada lote. Así lo indicó el presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Esteban Costela, quien advirtió sobre el crecimiento de estafas vinculadas a la venta de terrenos -sumado al tratamiento mediático de las condenas-, una problemática que impactó de lleno en el sector durante 2025.
De acuerdo a los datos aportados por la autoridad a Tiempo de San Juan, los precios más bajos se concentran en departamentos fuera del eje Este-Oeste, compendido por Santa Lucía, Capital y Rivadavia. En San Martín, por ejemplo, es posible encontrar terrenos desde los 8.000 dólares, mientras que en Chimbas los valores mínimos rondan entre los 7.000 y los 7.500 dólares. En la mayoría de los casos se trata de lotes de alrededor de 300 metros cuadrados, una de las superficies más habituales en el mercado local.
En promedio, los precios más frecuentes se ubican entre los 12.000 y los 15.000 dólares, manifestó Costela. Sin embargo, la oferta se extiende en un rango mucho más amplio que va desde los 15.000 hasta los 30.000 dólares, dependiendo de factores como la ubicación, los servicios disponibles y las condiciones legales del terreno.
Recomendaciones para evitar estafas y el riesgo de Marketplace
En cuanto a las medidas preventivas, Costela remarcó durante agosto pasado la importancia de asesorarse siempre con un corredor inmobiliario matriculado, quien puede verificar tanto la factibilidad de la operación como la legalidad de lo que se ofrece. También aconsejó revisar la documentación con un profesional de confianza y corroborar que la persona que vende sea efectivamente el titular del inmueble.
Además, sugirió optar por empresas con trayectoria en el rubro y realizar consultas en Planeamiento para confirmar si existen anteproyectos o factibilidades aprobadas para el terreno. En ese contexto, advirtió sobre la proliferación de ofertas engañosas en redes sociales, especialmente en Marketplace de Facebook, donde la falta de controles facilita la publicación de avisos fraudulentos.
“Hay que interiorizarse bien de qué se está ofreciendo y quién lo ofrece. Una buena prevención es el primer paso para evitar convertirse en víctima de una estafa inmobiliaria”, señaló. “Hay que interiorizarse bien de qué se está ofreciendo y quién lo ofrece. Una buena prevención es el primer paso para evitar convertirse en víctima de una estafa inmobiliaria”, señaló.
Las “zonas calientes” detectadas por las inmobiliarias
Costela explicó que, en reiteradas oportunidades, desde las inmobiliarias se detectan las denominadas “zonas calientes”, que surgen a partir de un aumento repentino de consultas sobre lotes con medidas o características que no cumplen con las normativas vigentes.
Uno de los casos más notorios se registró en el Médano de Oro, en Rawson, donde se detectó la venta de terrenos ubicados en zonas fiscales. También se pusieron en alerta situaciones ocurridas en inmediaciones de la esquina de Calle 5 y Meglioli, entre Rawson y Pocito. Según explicó el dirigente, cuando se repiten consultas sobre un mismo lugar, el Colegio da aviso a Planeamiento antes de que se concrete la operación.
Un 2025 marcado por las estafas inmobiliarias
El cierre de 2025 dejó una fuerte preocupación en el sector inmobiliario sanjuanino. Aunque se trata de una modalidad que no es nueva, referentes del rubro coincidieron en que durante el último año crecieron de manera significativa las estafas vinculadas a la venta de lotes, lo que generó desconfianza entre los compradores y frenó numerosas operaciones.
Desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios, Costela advirtió que si bien ya en 2023 y 2024 existían consultas y algunas denuncias, en 2025 el fenómeno tuvo un impacto mucho mayor. Las causas judiciales, las detenciones y la exposición pública de empresarios y operadores investigados terminaron de instalar el tema en la agenda social.
Menos confianza y operaciones resentidas
El impacto no se limitó al plano judicial. Desde el sector advirtieron que la desconfianza se trasladó directamente al comportamiento de los compradores, que extremaron los cuidados al momento de invertir. Esto derivó en una caída de operaciones durante gran parte del año, con un leve repunte recién hacia noviembre y diciembre.
En la misma línea se expresó Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, quien señaló que el segmento de los terrenos fue uno de los más golpeados. Las estafas cometidas por empresarios que ofrecían lotes sin respaldo legal afectaron incluso a quienes operan de manera regular, profundizando la crisis de confianza que atraviesa al sector.
Los antecedentes que marcaron el 2025
El crecimiento de las estafas con lotes estuvo acompañado por causas judiciales de alto impacto que se conocieron en los últimos meses y que terminaron de exponer la magnitud del problema.
Uno de los casos más resonantes es el del empresario Héctor Storniolo, principal acusado en una mega estafa inmobiliaria con cientos de damnificados. A fines de noviembre recuperó la libertad tras haber permanecido 13 meses detenido -primero en prisión efectiva y luego con arresto domiciliario- luego de que la Justicia rechazara extender la prisión preventiva y aceptara una caución real. La causa investiga una supuesta red de empresas y 10 imputados vinculados a la venta irregular de lotes y barrios que nunca se concretaron. El perjuicio económico estimado supera los $2.700 millones, según fuentes judiciales. Primero fueron imputadas tres personas: el propio Storniolo, su esposa Patricia Nacif y Juan Gallerano La Hoz.
Otro expediente de fuerte repercusión es el que involucra a Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González. La pareja enfrenta más de 200 denuncias por la venta de lotes y viviendas que nunca se concretaron. En octubre, la Justicia confirmó la prisión domiciliaria de Martín González, mientras la investigación se amplió con nuevos damnificados. Según la fiscalía, el perjuicio supera los 70 millones de pesos y los contratos firmados no registraron avances reales en la urbanización ni en la división de los terrenos.
