El Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan realizará mañana jueves una audiencia en el marco de una causa contra el empresario sanjuanino Manuel Ponte, exdueño de la firma Autotransportes San Juan - Mar del Plata, acusado de evasión impositiva por un monto que, actualizado, asciende a 207 millones de pesos.
El empresario quiso pagar ese monto y suscribió un plan de pago con la Administración de Recursos y Control de Arca (ARCA) -el organismo que reemplazó a la AFIP- para cancelar la deuda en 13 cuotas, lo que podría haberle permitido obtener el sobreseimiento una vez completado el pago.
Pero el problema es que los abogados del fisco rechazaron el acuerdo, argumentando que la ley no permite acogerse a este beneficio cuando el contribuyente ya cuenta con una condena previa por delito tributario, según publicó 0264 Noticias.
En el caso de Ponte, el empresario fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso en diciembre de 2023 por evasión simple y apropiación indebida de aportes a la Seguridad Social, según consta en registros judiciales.
La deuda
La deuda actual corresponde a los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016, cuando, de acuerdo al expediente, se habrían omitido declaraciones de ganancias vinculadas a la venta del paquete accionario de Autotransportes San Juan - Mar del Plata y a cuentas bancarias en España.
El monto original adeudado -$32.738.008- fue actualizado en un 512%, alcanzando los $207 millones, detallaron las fuentes citadas.
El juez federal Daniel Doffo convocó a la audiencia con la presencia del fiscal Fernando Alcaraz, la defensa del empresario y los representantes del fisco, en el marco del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que insta a buscar soluciones que favorezcan la reparación del daño y la paz social.
En este caso, la controversia gira en torno a si el pago total de la deuda puede considerarse una reparación integral pese a la condena previa, o si corresponde avanzar con el juicio oral y aplicar una nueva sanción penal.
Un empresario de peso
Ponte, de unos 75 años, pertenece a una familia tradicional de la provincia vinculada al transporte. Según el expediente, era titular del 95% de las acciones de la compañía hasta su venta en 2014 a Realtic S.A. (que adquirió el 92%) y Mario Verdeguer (8%).
Los compradores asumieron además pasivos concursales superiores a $140 millones, y el contrato incluyó cuotas de pago entre 2014 y 2016 por más de $40 millones, montos que forman parte del análisis fiscal.
El empresario ya había sido investigado por no declarar dos cuentas bancarias en España, lo que —según la acusación original de la AFIP— configuró el hecho imponible no declarado y derivó en la primera causa penal.
La audiencia de este jueves definirá si el Tribunal acepta el criterio del fisco o da lugar a una alternativa que permita la cancelación de la deuda y la reparación del perjuicio fiscal.