Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa decisión nacional de que el INV pierda autonomía y se focalice en controlar al final el vino despertó diversas reacciones en la provincia.
Los trabajadores del INV están en alerta por los cambios en el organismo.
La decisión del Gobierno nacional de rebajar al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a una dirección dependiente de la Secretaría de Agricultura ha generado diversas reacciones en San Juan, la segunda provincia vitivinícola del país. Mientras algunos lo ven con buenos ojos, otros alertan sobre una virtual “disolución” de un organismo clave para posicionar al vino argentino en el exterior.
A través de un decreto, se anunció que el INV dejará de fiscalizar toda la cadena productiva del vino -desde el viñedo hasta la góndola- y concentrará sus controles en la etapa final, garantizando únicamente la aptitud para consumo humano.
Otro aspecto en peligro de desaparecer es la vicepresidencia que consiguió San Juan en el año 2003, cuando pasó a tener un lugar en las decisiones. El logro político fue el entonces gobernador José Luis Gioja y su ministro de Producción Antonio Giménez. Por allí pasaron Héctor Voena, Marcelo Alos, Hugo Carmona y hoy, Abel Chiconi.
Mauricio Colomé, presidente de la Cámara Bodeguera de San Juan sostuvo que “todo lo que sea simplificación y agilidad de trámites es positivo”, aunque advirtió que es fundamental que el INV “siga garantizando la inocuidad y la genuinidad del vino”. En ese sentido, remarcó que el vino es un producto alimenticio y debe contar con los controles correspondientes.
Colomé fue crítico con la excesiva intervención estatal del pasado: “Era muy costosa y no contribuyó en nada”. Sin embargo, fue enfático en que “no está de acuerdo con una eventual disolución del INV, salvo que haya otro organismo que cumpla sus funciones”.
En sintonía, Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola; indicó que le parece “una buena medida, siempre y cuando sean controles estrictos en góndola, porque de ese modo se cuida la genuinidad del vino elaborado y se garantiza la calidad al consumidor”.
Reiteró que no cree que ningún bodeguero elaborará vinos adulterados o comprará vinos malos si hay controles en góndolas. “Toda la vida tuvimos diez mil controles y hoy estamos estrellados”, dijo.
Más crítica fue la visión de Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes. Para él, el decreto “prácticamente elimina el instituto” y lo reduce a una dirección sin autonomía ni liderazgo propio. “No se puede dejar librado al azar el control varietal. Esta medida perjudica a los pequeños productores que han diversificado su oferta”, afirmó.
Además, expresó su preocupación por la ausencia de protección frente a prácticas abusivas del mercado: “Sin regulación, los productores quedamos expuestos a los precios y condiciones que impongan unas pocas bodegas”.
Ramos también cuestionó la comparación con Chile: “El crecimiento chileno no se debe a la desregulación, sino a una política macroeconómica estable, tratados de libre comercio y una estrategia exterior sólida. Nosotros no hemos tenido eso”.
Con la implementación de estos cambios, la industria del vino enfrenta un nuevo escenario. Queda por ver si la reducción de controles permitirá mejorar la competitividad o si, como alertan muchos en San Juan, se corre el riesgo de desproteger a los pequeños productores y diluir la identidad de uno de los productos emblema del país.
El modelo toma como referencia a Chile, que ha crecido notablemente en producción y exportación de vinos. Los expertos dicen que Argentina está dando un vuelco al sistema anglosajón donde están Estados Unidos, Australia y Chile, en contraposición con el modelo europeo, que tiene un sistema más acentuado de subvención a sus viñateros. No obstante, Europa produce el 50% del vino que se consume en el mundo.