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Aporte solidario

En San Juan ya hay dos reclamos contra el impuesto a la riqueza y esperan más

Un hotelero y un bodeguero hicieron las presentaciones ante la justicia federal. En los próximos días habría otra más de varios empresarios. Los detalles.

Por Sebastián Saharrea

De alrededor de 20.000 personas en todo el país alcanzadas por el flamante Aporte Solidario y Extraordinario que el gobierno nacional impulso y aprobó en el Congreso contra la pandemia, se calcula que unos 300 son de San Juan. Entre ellos, hay dos empresarios que ya hicieron su presentación para reclamar en contra el pago en la Justicia Federal local, mientras que hay al menos una más en marcha.

Las dos presentaciones que ya ingresaron por mesa de entradas son de Darío Javier Rosenzvit y Carlos García Pareja, en ambos casos se trata de acciones meramente declarativas por inconstitucionalidad de la norma dictada en el Congreso Nacional.

Rosenzvit es el gerente general de IVISA, la empresa que en San Juan imprime los documentos de la quiniela y dispone de la concesión de los casinos, lo que llevó a la compañía a construir el hotel cinco estrellas Del Bono Park y a iniciar la construcción de otro hotel de lujo en pleno centro (Catamarca e Ignacio de la Rosa) como requisito para el inicio de un nuevo período.

En este caso, la particularidad es que IVISA es un gigante del sector del juego que opera en varias provincias, y Rosenzvit decidió hacer su presentación en San Juan. Además, la empresa opera en Mendoza, Chaco, Tucumán, Jujuy y con Lotería Nacional. Pero en ninguno de esos distritos alcanzó el nivel de desarrollo de San Juan, donde se convirtió en el principal inversor en el rubro hotelero.

El otro empresario que ya presentó su reclamo ante la justicia en San Juan es Carlos García Pareja. Se trata de un bodeguero caucetero que es uno de los jugadores más fuertes en el mercado del vino. Desde su sede en la Bodega Arenas, García Pareja es uno de los principales compradores de uvas en el mercado local.

El impuesto opera para las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos y se trata, según sus autores, de un aporte por única vez. El 31 de este mes es la fecha límite para pagarlo, aunque hay una modalidad financiada cuya fecha de suscripción es un mes más tarde, el 28 de abril.

Por eso, en el mundo empresario hay por estos días una ocupación adicional que es la de determinar si lo pagarán o accionarán judicialmente. En el caso de San Juan, fuentes oficiosas señalan que los alcanzados son cerca de 300 personas, por lo que el nivel porcentual de presentaciones es por ahora relativamente bajo.

Los que optan por pagar prefieren sacarse el problema de encima y confiar en que será por única vez, como se argumentó en el debate parlamentario. Y mantener la calificación crediticia, porque el no pago puede golpear en las carpetas bancarias.

En cambio, los que van por litigar prefieren patear la pelota para más adelante, cuando se agoten los plazos judiciales si es que lo hacen y no aparece una sentencia superior. En ese lapso, puede ocurrir que la variación del tipo de cambio no ayude: de hecho, la devaluación del blue o los dólares bursátiles (CCL o Bolsa) de 190 a 140 hizo que el pago en dólares pase de unos U$S 50.000 a 60.000 en la franja más baja. Y no hay señales de que remonte. Pero el paso del tiempo sí puede ayudar si se cumple la especulación de un eventual cambio de gobierno en 2023 que haga para atrás el aporte.

Esta semana hubo una medida cautelar contra la AFIP y eso también es motivo de cálculo. Están los que se sintieron estimulados a litigar y también están los que prefieren entender que si hay una apelación de la AFIP y ésta es aceptada, puede ocurrir que se reclame el pago con punitorios muy altos que lo hagan inconveniente.

De cualquier manera, es un hecho que esas dos presentaciones no serán las únicas de empresarios sanjuaninos comprendidos por el pago del aporte. Es que se está preparando otra más que tiene un par de particularidades.

La primera, que se trata de una presentación colectiva, que comprende a unas 5 personas relacionadas mayoritariamente al rubro de la construcción en la provincia. La segunda, que en lugar de reclamar por la inconstitucionalidad de la norma sancionada a fines del año pasado por el Congreso, el nuevo reclamo apuntará a una presunta doble imposición. Es decir, una queja por entender que lo que se está poniendo al cobro por AFIP ya fue tributado en Ganancias.

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