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La ayuda del Estado, en el tapete

Ingreso Ciudadano Universal: un tema candente analizado por la sanjuanina que más lo defiende

Laura Garcés es una especialista de consulta obligada y devela de qué se trata el nuevo abordaje social que promueve el Gobierno Nacional.

Por Miriam Walter

“¿Por qué pensar que si no se ata una cosa a otra las personas no pueden proyectarse, no pueden trabajar? Cuando uno se acerca a los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo, esos hogares no viven de eso, en todo caso refuerzan lo alimentario y es una ayuda indispensable, pero el 95% de los casos en los estudios muestran que las mujeres y los varones de esas familias hacen trabajos de diversa índole de acuerdo a las posibilidades que tienen. Entonces hay prejuicio o me animo a decir que en el fondo hay resentimientos u odios de clase”, analiza Laura Garcés, sanjuanina, licenciada en Trabajo Social, doctora en Ciencia Social y profesional de consulta en materia del Ingreso Ciudadano Universal. Se trata de un tema candente del que apenas se inicia el debate en Argentina, propiciado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Muchos se preguntan qué pasará con el Ingreso Familiar de Emergencia y siguen poniendo en el tapete la Asignación Universal por Hijo. Ahora el ministro nacional Daniel Arroyo sacó a la luz una idea que data de muchos años en realidad, con antecedentes en otros países y que tiene que ver con un viejo tironeo argentino: el de la distribución de los fondos.

“En los '80 ya se crea la red internacional de renta básica o ingreso ciudadano, no es una propuesta nueva y en el caso de Argentina en los ’90 ya se instala para debatir en lo académico pero también en lo político”, cuenta Garcés. Y define: “Se trata de un ingreso universal incondicional para todos los ciudadanos de un país, por el solo hecho de ser ciudadanos, sin importar su condición laboral o su situación familiar. Es incondicional, no se pide nada a cambio, es un derecho de ciudadanía y es preventivo. Esto quiere decir que no espera que ocurra la situación de desempleo, ni de pobreza para actuar como ocurrió en este caso de emergencia con el IFE. Al ser una política estable da previsibilidad ante un mercado laboral que excluye y que no alcanza para todos”.

Esta medida no sólo sostendría ingresos sino también sumaría valor al empleo y, sobre todo, a actividades que no están remuneradas en el mercado de empleo, que son necesarias y socialmente útiles como el trabajo doméstico, de cuidados que la pandemia ha visibilizado más, el trabajo artístico, el de economía, o el de las cooperativas, indicó la especialista. “Este ingreso reconoce esos otros trabajos y les sirve de palanca, para que las personas a partir de esa estabilidad puedan proyectarse en otros emprendimientos productivos, colectivos o individuales”, analiza.

Este proyecto que ya tiene aval oficial para ser discutido desde Nación promete generar revuelo, en todos los estratos de la sociedad y en el Congreso, donde debería darse la discusión para una eventual ley que establezca esta nueva asistencia estatal en Argentina. Además de conflictos de intereses se pondrán sobre la mesa ítems espinosos como la distribución de la riqueza, la revisión del esquema impositivo y la reformulación de políticas laborales.

El contexto de pandemia aceleró el replanteo de las políticas públicas sociales en Argentina y algunos pensadores como Laura plantean que este se presenta como un momento ideal para hacer los abordajes que llevan discusiones históricas.

“El sistema impositivo argentino es regresivo, pagan más en proporción los que menos tienen”, remarca Garcés. “Esta pandemia si algo tiene positivo ha sido posibilitar la redefinición o este papel irreemplazable del Estado en la Salud Pública y en el salvataje no sólo de los sectores de menos ingresos sino también de los sectores empresarios”, agregó.

En este marco, el desafío para quienes defienden la renta universal es generar consenso para instaurar este sistema en Argentina. Para Garcés, esto es posible debatiendo y mostrando experiencias en otros lugares del planeta.  

Arroyo lanzó la propuesta a fines de junio en la Universidad Católica Argentina: "Estoy muy a favor de una renta básica universal acompañada de trabajo social garantizado y acceso a los servicios básicos", dijo sobre los planes pospandemia.

Argentina recibió la pandemia en una situación crítica: 8 millones de personas recibían asistencia alimentaria, había un 40 por ciento de pobreza que escalaba a un 50 por ciento si se hacía foco en los niños, y 40 por ciento de los trabajadores lo hacían de manera informal. A más de cien días de la primera medida que el gobierno nacional tomó para hacer frente a la COVID-19, "el único número que tenemos es que las personas que comenzaron a recibir asistencia alimentaria aumentaron de 8 a 11 millones", aseguró Arroyo. 

El ministro de Alberto Fernández compartirá junto a Garcés, que forma parte de la Red Interuniversitaria de Posgrados en Política Social (RIPPSO), un conversatorio organizado por Página/12 sobre el Ingreso Ciudadano Universal (ICU), junto a otra especialista, la brasilera Sonia Fleury. Será el miércoles 8 de julio desde las 18.30 horas.   

 

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