Ocho de cada 10 inquilinos de San Juan no pueden pagar el alquiler de mayo y son los que más han recibido en el país amenazas de desalojo o desalojos efectivos, pese a que esta acción está prohibida por disposiciones nacionales en medio de la pandemia. Así lo refleja el sondeo de mayo de la Federación de Inquilinos Nacional, difundido por la Asociación Civil Locatarios de San Juan que pone a la provincia liderando el ranking en el país en lo que respecta a inconvenientes de abono mensual y amenazas sufridas por parte de los locadores.
Según el informe, la situación de los/as inquilinos/as se ve claramente agravada mes a mes, por los efectos económicos de la pandemia. Para lo que será el pago del alquiler de mayo, San Juan supera, con un 78,8%, la preocupante media nacional de 59% de los inquilinos que no podrá hacer frente a este gasto. En la lectura a nivel país, representa una suba de casi 17 puntos porcentuales comparado con abril, cuando el 42,1% no podía pagar.
“Con esto, vemos que son miles aquellos que ya hoy por hoy se están endeudando a montos considerables e imposibles de pagar. Esto, provocará que sean cada vez más los intentos de desalojos de las familias (ya que las inmobiliarias incumplen sistemáticamente el Decreto 320/2020 y amenazan a inquilinos/as), sino que estamos ante potenciales personas en situación de calle, o bien, personas que tendrán que hacinarse en la casa de familiares y amigos para tener una vivienda que los proteja”, analizaron desde la institución que a nivel local preside Víctor Bazán. Por eso reclaman “soluciones urgentes” sobre todo porque en octubre dejará de estar vigente el DNU de alquileres que protege al sector.
Según el sondeo, a nivel nacional casi un 30% de inquilinas/os sufrieron algún tipo de amenaza o maltrato por parte de las inmobiliarias o propietarios, cada vez que quisieron defender los derechos que, DNU de alquileres mediante, el gobierno nacional les garantizó. Existieron amenazas de desalojo o desalojos efectivos (20,9%) a pesar de la prohibición de hacerlos. El hostigamiento, que afecta a la salud emocional y psíquica de los inquilinos/as, es el principal problema que se registra (36,1%). En este marco, San Juan lidera, comparada con otras provincias medidas, el ranking de donde se produjeron más amenazas de desalojo (14,6%) o desalojos efectivos (0,9%).
Para el informe, se encuestaron a 3984 inquilinos e inquilinas de todo el país para conocer su situación desde el inicio de la cuarentena, y ver las variaciones que hubo respecto de la Encuesta Nacional realizada por la entidad en abril.
Desde las organizaciones aseguran que la imposibilidad de pago es tal, debido al achique de ingresos: el 55% de los inquilinos sanjuaninos dijo que desde que empezó la cuarentena percibe menos ingresos y el 27,5% directamente dejó de tenerlos.
Diversas son las estrategias que utilizan inquilinas/os sanjuaninos para poder sostenerse y cumplir con las obligaciones. El endeudamiento aparece como el recurso más usado en 4 de cada 10 casos, mientras que 3 de cada 10 ajustó sus gastos lo más que pudo y 2 de cada 10 dijeron que reciben ayuda de familiares y amigos. “Estos endeudamientos no solo afectan a futuros ingresos de inquilinos/as, sino que también generan diversas angustias por la incertidumbre en la posibilidad de pago”, dice el informe.
“Es preocupante cómo aún el 43,9% del mercado inmobiliario sigue incumpliendo el artículo sobre bancarización obligatoria hasta el 30/9 de los pagos relacionados con el alquiler. Esto demuestra que sigue existiendo una gran evasión fiscal e impositiva sobre dicho mercado, por lo cual, el Estado nacional debe tomar cartas en el asunto”, se analiza en otro apartado. En San Juan los que incumplen supera la media nacional: el 63% dijo que los propietarios de la vivienda no le dieron el CBU para hacer la transferencia bancaria.