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SUSCRIBITE Abril estuvo teñida por las tragedias y los casos judiciales que atraparon la atención de los sanjuaninos. El más conmocionante fue la trágica muerte del joven motociclista “Wey” Zapata. Pero no fueron menos importante el escándalo del fraude dentro de la Policía y la disputa legal por la decisión de una sanjuanina a interrumpir su embarazo.
El repentino adiós de Alberto “Wey” Zapata generó gran conmoción dentro y fuera del ambiente del motociclismo. El joven piloto de 23 años perdió la vida después de caer en su moto en plena competencia, en la provincia de Córdoba. Al día siguiente sus restos fueron trasladados a la provincia, donde una multitud lo acompañó en el velatorio y traslado al cementerio de Rawson.
La muerte de Zapata trascendió fronteras. Su historia de vida se había adueñado de los medios nacionales e internacionales: corría y competía en motos con un solo brazo. El accidente que sufrió en 2020 en Ruta 40, cuando volvía de una juntada de amigos, le provocó la amputación de su brazo izquierdo. Aun así, se las ingenió para volver a su gran pasión y transmitir su legado por todos lados.
Sale la luz el fraude en la Tesorería de la Policía de San Juan. El escándalo involucró al jefe de esa área, el principal Oscar Vanetti, su esposa la subcomisaria María Olivares y su secretaria, la cabo Carolina Tejada. La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales descubrió el desvío de fondos de la Policía a cuentas particulares por más de 1 millón de pesos.
Al mes siguiente, la Justicia condenó a Vanetti a 3 años de cárcel, mientras que su mujer y su secretaria recibieron penas en suspenso. Después, la Fiscalía de Estado continuó investigando y determinó que el fraude ascendió a 7 millones de pesos. Surgieron nuevos nombres. En septiembre, el fiscal Iván Grassi imputó a otros tres policías de Tesorería y a una civil como cómplices de los tres primeros condenados. Ahora, aguardan el juicio.
“Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero solo pido que lo tenga y que me lo dé”. Esa declaración la hizo el hombre sanjuanino, identificado como Franco, que acudió a la Justicia para impedir el aborto de su expareja. El caso generó conmoción y llegó a todos los medios nacionales.
Pese al debate que generó y marchas que encabezaron los movimientos providas en la provincia, la mujer fue amparada por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y accedió finalmente a la práctica. Su expareja intentó judicializar el caso, pero la Cámara resolvió que "en relación al resto de las pretensiones esgrimidas, no corresponde expedirse sobre ellas, toda vez que han devenido en abstracto las cuestiones propuestas, por cuanto la medida cautelar ha sido dejada sin efecto".
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