La afirmación de esa conjetura tiene asidero en el antecedente de lo que ocurrió con Santiago Graffigna el 1 de marzo de 2013. Hasta ese momento era un hecho que el abogado no iba a ser privado de su libertad, ya que le habían concedido una eximición de prisión, es decir que eso le garantizaba que no quedaba privado de su libertad al momento de ser citado a indagatoria.
¿Qué cambió la situación?, que al momento en que pidió y le concedieron la eximición de prisión, en la investigación que en ese momento llevaba la juez María Inés Rosselot no se habían producido pruebas que luego sirvieron para imputarle un delito que no permitía que estuviera en libertad, como es el de jefe de una asociación ilícita que se habría organizado para saquear las arcas del Estado sanjuanino a través de fallos que inflaban el valor de las expropiaciones.
Por eso es que el 1 de marzo de 2013 la jueza Rosselot (ahora jubilada) decidió privar de la libertad a Graffigna, quien estuvo en el Penal de Chimbas hasta el 26 de mayo, cuando el tribunal de la Sala II lo privilegió con la prisión domiciliaria.
¿Puede correr la misma suerte el ex juez Macchi? Eso se sabrá en el transcurso de los próximos días, cuando el juez subrogante Benito Ortiz lo cite al ex magistrado a declaración indagatoria.
Por ahora el ex juez no está sospechado de cometer delitos por los que tenga que ir preso. De acuerdo al requerimiento del fiscal Carlos Rodríguez, Macchi podría haber ser autor de los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública en función del delito de estafa (dos hechos consumados, por el pago de las sentencias de los casos Anes y Ruiz Guillermo y tres en grado de tentativa por las sentencias en los casos Lobbe de Morón, Herrería y Yanzón de Graffigna) e "incumplimiento de los deberes de funcionario público”; ambos en concurso real, lo que quiere decir que las penas máximas de esos delitos se suman.
Pero, a renglón seguido, el fiscal Rodríguez dejó abierta una puerta que puede significar la prisión para Macchi. Dice el documento: "y/o aquella calificación legal que resultare de los actos instructorios a cumplirse”.
¿Eso qué significa?, que de las pruebas que surjan de la instrucción se produzcan nuevas evidencias que lleven a imputarle a Macchi un delito más grave. Cabe recordar que el fiscal Rodríguez sugirió al juez Ortiz una serie de nuevas medidas para investigar a Macchi.
El fiscal Rodríguez le imputó esos delitos al ex juez Macchi en base a las denuncias de los fiscales Guillermo De Sanctis (Fiscal de Estado) y Eduardo Mallea (Fiscal General subrogante), las cuales surgieron como consecuencia del jury que terminó con la destitución del juez en diciembre último.
Pero esas imputaciones del fiscal Rodríguez pueden ser cambiadas por el juez Ortiz. Eso es lo que pasó con Graffigna en marzo del 2013.
¿Cuándo se definirá? Ahora falta que el fiscal Rodríguez opine si se le debe o no dar una eximición de prisión a Macchi. El ex juez hizo tres de esos pedidos: uno cuando terminó el jury, en diciembre último, y otros dos cuando lo denunciaron penalmente los fiscales De Sanctis y Mallea, en marzo. De todas maneras la opinión del fiscal Rodríguez no es vinculante, por lo que no obliga al juez Ortiz a obedecerlo.
Una vez que el fiscal haya opinado, el juez Ortiz deberá notificarle al ex juez Macchi si le otorga o no la eximición de prisión. Y allí se conocerá qué delitos le imputa. Eso podría ocurrir en esta semana y es de esperar que al ex juez le otorguen la eximición de prisión. También en esta instancia se conocerá cuándo citarán a Macchi al Quinto de Instrucción para que sea indagado.
A partir del momento en que Macchi preste su declaración indagatoria, el juez Ortiz podrá mantener los delitos que el fiscal Rodríguez le imputó o agregarle otros, si es que de la investigación y de su declaración surjan hechos nuevos.
Por ejemplo, la ex jueza Rosalba Marún (quien se jubiló como titular del Primer Juzgado Civil cuando se inició el proceso para destituirla), quien también produjo fallos a favor de Graffigna y perjudicó al Estado sanjuanino, le imputaron los mismos hechos que a Macchi, pero le agregaron el de integrante de la asociación ilícita, el que por ahora Macchi no tiene en su contra.
A diferencia de Macchi, la ex jueza Marún fue detenida el 1 de marzo de 2013 con prisión domiciliaria y luego excarcelada. La misma suerte corrió para los otros 10 imputados, entre los que estaban los miembros del Tribunal de Tasaciones y hasta el ex Fiscal de Estado, Mario Díaz. Así lo había dispuesto la ex jueza Rosselot con la intención de que entre ellos no se pusieran de acuerdo con la estrategia defensiva, ya que si no los detenía podían ventilas las pruebas y trabar el desarrollo de la causa.
En esa redada también se había dispuesto la detención del abogado Horacio Alday, ex socio de Graffigna, a quien también imputaron como jefe de la asociación ilícita. Pero se mantuvo en la clandestinidad durante 10 meses, hasta que la Sala II de la Cámara Penal lo benefició bajando la calificación de jefe a integrante de la asociación ilícita, por lo que ahí sí le otorgaron la eximición de prisión que la ex jueza Rosselot le había negado.
Tanto a Alday, como a la ex jueza Marún, al ex Fiscal de Estado Díaz y otros nueve procesados, la ex jueza Rosselot los excarceló bajo una fianza real (pusieron propiedades, vehículos o dinero en efectivo) de 50.000 pesos. Esa misma suerte podría correr el ex juez Carlos Macchi, siempre que el juez Ortiz le impute delitos que sean excarcelables y decida no privarlo de su libertad.
El nuevo juez, en pausa
El Quinto Juzgado de Instrucción, donde está la mega causa de las expropiaciones, está sin juez titular desde mayo último. Actualmente lo subroga el juez Benito Ortiz, quien impulsó fuertemente la investigación. Y justamente eso es lo que sembró más dudas sobre cuándo se hará la designación del nuevo juez, cuya terna está en Diputados y la integran Benedicto Correa, Isabel Pérez Palacio y Daniel Galvani.
Esas dudas radican en que, si se nombra un nuevo juez, Ortiz será apartado y el nuevo magistrado necesitaría de varias semanas para ponerse al tanto de la compleja investigación y poder tomar medidas. Por eso se especula en Tribunales con que al nuevo juez lo podrían nombrar después de que Benito Ortiz cierre el grueso de la segunda etapa de la investigación, resolviendo la situación del ex juez Macchi y de los abogados Horacio Alday y Gustavo Mulet, entre otros involucrados.
Tres datos claves
1-15 testigos
En el requerimiento que hizo el fiscal Carlos Rodríguez para que se investigue al ex juez Carlos Macchi en el Quinto Juzgado de Instrucción hay un listado de 15 personas que serán citadas como testigos, cuyos nombres resonaron a lo largo de la mega causa. Entre ellos están Fabián Fabián Mazzanti, Verónica Capriotti (Secretaria en el juzgado que dirigía Macchi), Juan Luis Palana y Elsie Adela Zavalla (suegros de Graffigna).
2-Enriquecimiento
El fiscal Rodríguez solicitó al Quinto de Instrucción el pedido de 11 declaraciones informativas que apuntan a saber si el ex juez Macchi se enriqueció durante los años que falló a favor de causas que tramitaba Graffigna. Alguno de los pedidos están dirigidos a las agencias de autos, para ver si el ex adquirió vehículos lujosos; a Migraciones, para ver cuántas veces viajó al exterior; y al Registro de la Propiedad, para ver las propiedades que obtuvo.
3-Denuncias fundadas
Con las denuncias contra el ex juez Macchi formuladas por el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y por el Fiscal General subrogante, Eduardo Mallea, a la Justicia no le fue necesario tener que producir nuevas pruebas para avanzar en la investigación contra el ex magistrado, ya que en los mismos escritos se citaban las pruebas necesarias para sostener los presuntos delitos cometidos mientras ejerció como juez.
