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LEYES Y SISTEMAS TRUNCOS

El decálogo de medidas pendientes en la Justicia

La necesidad de implementar estas medidas fueron saltando de a una a la discusión pública cuando se produjeron hechos de inseguridad que conmocionaron a los sanjuaninos. Muchas de ellas ya superaron una década de creadas sin que se haya logrado implementar. Por Gustavo Martínez Puga

Por Redacción Tiempo de San Juan

1- Código Procesal de Menores
Está previsto en la Ley del Niño, la N° 7.338, dictada el 5 de diciembre de 2002 y vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, el 29 de diciembre de 2003, según el Sistema Argentino de Información Jurídica. El Poder Judicial debe determinar la fecha de entrada en vigencia y disponer de los medios para que se aplique, según el artículo 3 de la Ley N° 8.194. Esto no ocurrió todavía. Actualmente el fuero de menores está saturado. Y los jueces penales de primera instancia ahora deben investigar a los menores involucrados en delitos penales.

2- Cámara Gesell
Es el sistema de uso diario para que niños, niñas y adolescentes cuenten por única vez en todo un proceso judicial (desde la denuncia, la instrucción y el juicio) los delitos que sufrieron. La que hay es del Ejecutivo y el Poder Judicial lo usa por un convenio. A pesar del pedido de jueces y fiscales para tener una propia para evitar tener que pedir turnos y demorar las investigaciones que tienen a los niños como víctimas. En el Poder Judicial nunca se instaló una Cámara Gesell propia.

3- Violencia familiar
El Órgano Coordinador Provincial de Seguimiento, Evaluación y Prevención de la Problemática de la Violencia Familiar fue creado mediante la Ley de Violencia Familiar (N° 7.943). La Justicia nunca designó a sus representantes ante ese organismo, tal como lo establece el artículo 54 de esa legislación. El órgano se creó para, por ejemplo, los casos de mujeres víctimas de violencia de género (el crimen de Cristina dejó en evidencia ésta necesidad), para que no quedaran en la denuncia policial o en la judicial y se acompañara a las víctimas en el control de las medidas de protección después de iniciado el proceso judicial.

4- Registro de violadores
Fue creado el 5 de noviembre de 2009 (entró en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial el 7 de diciembre de 2009) como la Ley N° 8.062 y se llama Registro de Identificación Genética de Autores de Delitos contra la Integridad Sexual. El Poder Judicial es quien lo tiene que organizar, según el artículo 1° de esa ley, pero nunca designó a sus representantes. Allí iban a quedar registradas las personas con condenas firmes por delitos sexuales. Incluso, estaba previsto que en al registro también lo integraran los autores desconocidos, así había una base completa de datos genéticos. Nunca se implementó. 

5- Investigación Fiscal
Está prevista desde el 14 de agosto de 2003 (entró en vigencia el 24 de octubre de 2003) en la Ley N° 7.398 del Código Procesal Penal de San Juan, según consta en el Boletín Oficial. Su aplicación está a la espera de que el Poder Judicial lo disponga. El grueso de las provincias del país tiene implementado ese sistema, el cual le da la investigación del delito al fiscal y no al juez, quien actualmente en San Juan es el que investiga y el que juzga.

6- Juzgado Penal Económico
Está prevista su creación en la Ley N° 7.398 de octubre del 2003. Allí se fijó que debía haber un Tribunal Oral Penal en lo Económico, que debía funcionar mediante salas unipersonales o tribunales colegiados. Es para que se investiguen delitos puntuales, con un cuerpo de peritos especiales. Eso descomprimiría a los juzgados y profesionalizaría la investigación judicial. Un caso que debió investigarse en ese fuero es el escándalo de las expropiaciones. Las autoridades judiciales deben implementarlo y, hasta ahora, no se hizo.

7- Tecnología sin usar
Hay tres frentes con el uso de la tecnología para ayudar a los jueces a resolver crímenes que están frenados.
A) Por un lado está la Unidad Extracción de Datos Forenses. Según explicaron cuando llegó, uno de los aparatos sirve para extraer datos de celulares vinculados a ilícitos, a los cuales se les puede sacar las llamadas realizadas, mensajes enviados o rastrear el lugar donde fue usado. Otro aparato es un sistema de Rayos X con digitalizador, el cual –según se informó cuando lo trajeron- facilitaría los trabajos en la morgue judicial a la hora de analizar plomos y heridas.
Ambos aparatos están guardados sin estrenar desde hace más de dos años. Incluso, se venció la licencia del software en sus cajas de embalaje.
B) Por otro lado está el “Laboratorio Químico, Toxicológico, Anátomo-Patólogo y Tanatología”. También está guardado sin estrenar en el subsuelo de Tribunales. Llegaron enviados por el Gobierno Nacional y la Corte nunca ordenó que los usaran. Sirve para agilizar el trabajo del forense, ya que ahora deben recurrir a otras provincias y eso lleva tiempo de demora en la investigación.
C) Finalmente, desde casi dos años que está terminado el sistema de videoconferencia entre el Penal de Chimbas y Tribunales, lo que evitará el traslado de internos para algunas medidas judiciales y agilizará el trabajo diario de los jueces. En Tribunales y en el Penal las salas están listas, sin estrenar, con sus televisores, parlantes y el cableado que une las dos instituciones.

8- Acceso a laboratorios nacionales
Mediante convenios, la gran mayoría de provincias del país trabajan en red para acceder a los Laboratorios de Investigaciones Forenses que la Nación fue instalando regionalmente. El Fiscal General de la Corte dijo pública y reiteradas veces que la Corte de Justicia no aceptó el ofrecimiento de ninguno de esos convenios.
Para con los laboratorios forenses con sede en Buenos Aires y Salta, el convenio está pendiente a la firma de San Juan desde el 2 de noviembre de 2011; para el de Jujuy está pendiente desde el 11 de octubre de 2012. Y para con el laboratorio forense de Mendoza, el convenio está pendiente desde el 24 de septiembre de 2013, según Eduardo Quattropani, quien además preside el Consejo Federal de Política Criminal.

9- Concurso de ingreso
Por ley, debería haber un concurso de ingreso y de ascenso de personal en el Poder Judicial. Desde hace tres años la Corte de Justicia viene diciendo que implementará un sistema informático que le dará transparencia al sistema de ingreso para evitar los acomodos y hacer transparente e igualitario el ingreso al Poder Judicial. Nunca se implementó.

10- Ciudad Judicial
El fondo fiduciario para acondicionar el edificio 9 de Julio (vacío desde la mudanza al Centro Cívico) y anexarlo al 25 de Mayo (donde funciona Tribunales), con la intención de hacer una Ciudad Judicial y mejorar la infraestructura del Poder Judicial, está sin terminarse.
El Poder Judicial tiene para ese fin en un depósito bancario –cuyo rédito de interés mensual y anual se desconoce, por lo que no se sabe si es alto o bajo-. Pero, además, la ley para el funcionamiento del fondo fiduciario entre el Ejecutivo y el Judicial estuvo mal hecha en un principio y aún no se corrigió.

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