El caso tomó estado público el 14 de junio de 2013, cuando el proveedor del Estado, Luis Guerra, pagó una coima (con billetes marcados) de 10.000 pesos a dos funcionarios provinciales para verse favorecido en un contrato por la fumigación del Penal de Chimbas.
Los mecanismos de control del ministerio de Gobierno actuaron rápido y ajustados ante la denuncia del empresario, y prepararon la trampa en la que cayeron Carlos Correa, Delegado Fiscal; y de la contadora Mariela Fernández Achem.
La causa se dilató un poco cuando el abogado defensor de Achem acusó de "informante oculto” a Correa, una figura que, según el letrado, echaría por tierra la prueba conseguida ya que no se permitiría en casos como estos.
A pesar de eso, el juez Pablo Flores siguió investigando y ahora determinó el procesamiento de los dos funcionarios infieles, que hasta ahora estaban licenciados con goce de haberes.
Se especula que, tras la determinación de Flores, perderán el derecho a percibir el salario.
