Patrimonio científico versus derechos de pueblos originarios

“A nadie se le ocurriría ir a la Chacarita, sacar el cuerpo de un abuelo o abuela y mostrarlo en un museo”: La comparación, fuerte, es del historiador y defensor de derechos humanos Osvaldo Bayer, respecto de la restitución de los cuerpos que hoy se muestran en museos a los pueblos originarios. La disputa por los restos humanos se reenciende en estos días con la renovación del reclamo del pueblo Huarpe, que busca que en San Juan se adhiera a la Ley Nacional 25.517 que establece esta devolución a las diferentes comunidades indígenas en el país.
 “Sacar los cuerpos de los Mayores, y cuando digo Mayores lo digo con mayúscula porque eran los sabios, y exponerlos en las vitrinas del Museo Gambier para nosotros es uno de los agravios más grandes”, dijo la referente de la comunidad Huarpe en San Juan, Argentina Quiroga. Los reclamos apuntan a la Universidad Nacional de San Juan, de la que depende el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor Mariano Gambier” que existe desde 1965, donde se exhiben 14 cuerpos indígenas, que son el conocido como “Momia del Cerro El Toro” (hallada en 1964) y otros exhumados de Los Morrillos, Calingasta (en 1969).
En San Juan, el reclamo por los cuerpos indígenas viene siendo encabezado por la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum desde los ’90. En octubre de 2011, esta entidad presentó un petitorio a la UNSJ –durante la gestión de Benjamín Kuchen- de 8 puntos, cuyo primer ítem demanda “ordenar inmediatamente a sus dependencias, en todas sus facultades de Museos, Institutos y Centros de Investigación (tales como el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”), la implementación y acatamiento de la Ley Nacional N° 25.517”.
La mencionada norma fue sancionada en 2001 pero no fue reglamentada hasta 2010, por pedido expreso de representantes de pueblos originarios a Cristina Fernández. Establece en su articulado que “los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen”. Y también que los restos “que no fueren reclamados por sus comunidades podrán seguir a disposición de las instituciones que los albergan, debiendo ser tratados con el respeto y la consideración que se brinda a todos los cadáveres humanos”.
A fines de 2011, Asuntos Legales de la UNSJ recomendó dar lugar al petitorio, según consta en el seguimiento del expediente oficio que hizo la arqueóloga e integrante del pueblo Huarpe, Carina Jofré. Sin embargo, la directora del Museo Gambier se mostró en contra, diciendo que la ley 25.517 no es de carácter obligatorio porque San Juan no adhirió. También pone en tela de juicio la legitimidad de los reclamantes al proponer discutir el término “pertenencia”, sosteniendo que los pueblos huarpes estarían solamente ubicados en el Sur de San Juan y Norte de Mendoza, según un mapa de la web del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y agrega que el Museo no tiene  cuerpos de esa zona. Concluye con que el Museo no es competente para decidir sobre el asunto y que debe ser derivado a la Dirección de Patrimonio Provincial. En octubre de 2012, casi un año después de la presentación del petitorio, el documento fue remitido a la Provincia para que desde la Secretaría de Cultura se exprese sobre el tema. Nunca se le comunicó nada a los reclamantes.
Por estos días, el pueblo Huarpe hace gestiones para tener audiencias con todos los bloques de la Cámara de Diputados local, según dijo Argentina Quiroga, con el propósito de que San Juan adhiera a la ley nacional que lleva 12 años sin ser tenida en cuenta en la Provincia. La referente de los huarpes dijo que el planteo es propio de todas las comunidades indígenas con presencia en territorio sanjuanino. Además, cuentan con el apoyo de otras organizaciones indígenas y profesionales del ámbito antropológico y de museos, como la Asociación de Trabajadores de Museos, el Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología y el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos San Juan.