Quizá sea la importancia de los protagonistas a ambos lado de la mesa, tanto los presuntos estafadores como los presuntos estafados, lo que ha puesto un condimento apasionante al escándalo de la Caja MOB. Y la semana que pasó hubo condimentos surtidos para ponerle rótulo de trama de enredos: declaraciones en on y off, posicionamientos judiciales y mediáticos de sus protagonistas para zafar no sólo de las garras judicial sino del planchón social.
Tiene algo de parecido esta presunta estafa con el otro escándalo que sacude el interés provincial, el de las expropiaciones. Si bien una es un pasamanos entre privados y el otro uno contra las arcas públicas, hay un hilo conductor que es el altísimo interés general como consecuencia de sus protagonistas, todos ellos profesionales de altísima reputación. Además de algunas figuras que se repiten, como se verá.
La semana posterior a la liberación de los tres detenidos y principales sospechosos –el odontólogo Luis Minin, la escribana Isabel Carchano y el intermediario Walter Orellano- cada uno salió con una estrategia distinta, en lo que se supone que terminará en un reparto cruzado de culpas entre ellos para salvar el pellejo y alguna que otra estrategia en común.
Entramado difícil de explicar y de entender para quien no se zambulla de cabeza en el asunto, sintéticamente se trata de un episodio asombroso: la caja MOB pagó U$S 1,3 millones por un terreno para hacer casas a sus asociados, pero al dueño le dieron sólo U$S 260.000. Fácil de deducir es que alguien se quedó con algo más de un millón de dólares y un juez intenta probar que se trató de una fenomenal estafa, mientras el grueso de los implicados parecen rumbear por hacerlo pasar como un gran negocio.
El asunto es que la caja formó una comisión pro terreno que consiguió el lugar, integrada por Minin y otros profesionales, y que esa comisión habría llevado adelante la firma de un boleto de compraventa con el dueño del terreno por los U$S 260.000 y otro por el total de la operación desembolsada por la caja. Carchano aparece sospechada porque fue quien intervino como escribana en las dos operaciones, y Orellano porque fue el intermediario.
Justamente Orellano fue el primero en hacer punta en una declaración pública. Apenas quedó en libertad después de haber sido prófugo y haberse entregado, fue al estudio de Canal 5 el viernes pasado y dio la cara en el programa Paren las Rotativas. Llamó la atención porque no había hablado ni siquiera ante el juez, ante quien se negó a declarar.
¿Y qué dijo Orellano que llamó tanto la atención del juez, quien decidió incorporar la cinta de la entrevista al caso? Después de varias diatribas, señaló que él conocía a Minin porque se hizo atender por él como profesional, y que ése fue el puntapié inicial de la operación. Pero luego intentó desvincularse de dos puntos en el que el juez Maximiliano Blejman tiene sospechas sobre él. Aseguró que él no recibió el dinero de la Caja MOB –los U$S 1,3 millones-, aunque sí estuvo en ese acto, y también sostuvo enfáticamente que no participó en la firma del otro boleto –el de U$S 260.000- con el vendedor original de apellido Consentino, a quien dijo Orellano conocer por un aviso en el diario de que quería vender.
Es importante y hasta decisivo el dato de quién cobró el dinero inicial, porque desde allí se podrá conocer quien lo dividió para entregarle lo suyo a Cosentino, y por consiguiente quien se quedó con el resto. ¿Y quién dijo Orellano que cobró esa torta? Allí es donde aparecen los datos enigmáticos, y la carta que parece tener en la manga el intermediario para aliviar su postura: sostuvo que hubo otra persona, que aparece nombrada en el expediente pero nadie quiere identificar en público, y que aparece como por arte de magia. Según Orellano, no hay magia, fue ésta persona la que cobró el dinero, y por consiguiente fue el que dirigió la operación.
Hasta se animó a redoblar la apuesta en televisión. Dijo que ni siquiera cobró la totalidad de su comisión, pactada en un porcentaje de la operación superior que alcanzaba a los U$S 40.000. ¿No la reclamó siendo que le corresponde?, ¿a quién, a la Caja MOB?, ¿por qué no lo hizo si es lo pactado? Y que ha sido víctima de cuestionamientos sociales sobre una supuesta compra de un comercio para su mujer con el dinero de esta supuesta estafa. Continuará.
Otra protagonista es la escribana Carchano, envuelta además de en este escándalo judicial en un verdadero problema institucional porque preside el Colegio Notarial. Nada menos que la institución que regula la matrícula de una profesión de obligación inmaculada porque se encarga de dar fe de actos públicos y privados. Pero ese es otro carril, que avanzará seguramente con una medida inédita: una entidad penalizando a su presidenta.
En el plano judicial, Carchano es defendida por el abogado Gerardo Fernández Collado, quien le aconsejó que no hablara aún. Por lo bajo, dice que ella dio fe al primer contrato (el de los U$S 1,3 millón), pero no al segundo (el de U$S 260.000), donde Consentino vende su terreno a un comprador aún indefinido y cuya identidad responderá muchas preguntas.
En éste último contrato, la versión en off de Carchano es la siguiente: que la llamaron para que interviniera y fueron dos personas, pero la identidad del comprador que no se correspondía con el documento con el que firmó. Dicho de otro modo, que los que compraron no eran los que decían los documentos, abonando también de su parte la versión de la presencia de otra persona que tuvo real intervención, y no que su nombre fuera citado de manera aleatoria como se presume hasta ahora.
Agrega Carchano una perlita sobre esa intervención. Que en ése segundo contrato ella aparece haciendo una corrección en lapicera sobre una palabra impresa, y que dice en el reverso que vale la corrección, pero que de ninguna manera se trata de una intervención en el contrato propiamente dicho. Vidriosa la apreciación, que sólo decantará la lectura del contrato y la valoración del magistrado.
Por el contrario, la justicia cree otra cosa. A Carchano la apuntaron por haber intervenido en ese contrato, y presuntamente por convalidar una firma falsa. Creen los investigadores que a la firma de este boleto con Cosentino se presentó Minin y que apareció el boleto con el nombre como comprador de esta persona misteriosa, y que aún así se hizo el boleto porque la escribana le dijo a Cosentino que no se preocupara porque lo iban a solucionar.
Más allá de la supuesta versión de Carchano de que ella no intervino en ese contrato crucial, la realidad es que algún escribano debió haberlo hecho para dar fe del boleto con el que Cosentino pudo depositar su dinero en el banco. Se verá cómo queda parada la profesional ante este revuelo.
Aparece al final el rol de Minin, integrante de la comisión designada para comprar el terreno. Es el de perfil más bajo hasta el momento, pero el que aparece más complicado. Fue el primero que cayó detenido en su consultorio de la calle Hermógenes Ruiz y el que estuvo más tiempo preso, porque los otros dos “no estuvieron cuando los fueron a buscar”.
Todavía no se conoce su versión, pero desde ya que lo incriminó su paciente Walter Orellano, quien contó que fue él quien contactó al vendedor Cosentino y al odontólogo Minin, quien no se sabe si figura comprando pero que fue designado por la Caja MOB para hacer el trámite. A Minin lo defiende el abogado Rolando Lozano, quien a su vez es el abogado de Santiago Graffigna junto a su colega Fernando Rahmé.
Hasta acá, los datos salientes de lo que van sembrando los involucrados son señalar a este supuesto comprador no identificado, y a deslizar críticas entre ellos que podrán servir a la investigación judicial. También plantear si se trató de una estafa o no, como lo sostuvo el abogado defensor de Walter Orellano, Ricardo Moine, en Paren las Rotativas. El letrado sostuvo que para que se configure una estafa hace falta demostrar que hubo un perjuicio económico para alguien, y para hacerlo hace falta saber cuánto costó el inmueble y si excede por una suma abismal a lo que pagó la Caja.
En el caso en que no se demuestre un perjuicio, habrá alguien que hizo un excelente negocio, aunque en el caso de la comisión pro terreno de la Caja MOB, que en esta hipótesis no habría beneficiado a la entidad por un supuesto precio de baratija sino que se habrían beneficiado ellos, les podría caber una acusación por administración fraudulenta y no por estafa.
Claro que en ese caso habrá un tonto –demasiado tonto- en alguno de los extremos. Porque si el precio de mercado de las 27 hectáreas de Santa Lucía se aproxima a los U$S 1,3 millones que pagó la caja, el tonto será don Cosentino, quien vendió por “apenas” U$S 260.000. Y si el precio está más cerca de los U$S 260.000 que del 1,3 millones, los tontos –por decir así- estarán en la Caja MOB.
Ahora hay que ver lo que dice el expediente, y que no es ni por asomo parecido a lo que especulan las partes sobre el precio de la propiedad cercano al precio pagado por la caja. De hecho, antes de presentar la denuncia penal, la nueva comisión de la Caja MOB pidió tasación a 3 martilleros y agentes inmobiliarios distintos y ninguno le dio un precio parecido a los U$S 1,3 millón pagados por la entidad.
Eso está en el expediente, como otra cantidad interesante de pruebas colectadas por el juez Blejman que le dan la presunción de estar frente a una fenomenal estafa que estuvo a punto de ser perfecta: sólo se descubrió porque el vendedor fue a hacerse atender por un médico que presidió la nueva comisión.
Y en la que alguien –o varios- se quedó con algo más de un palito verde, por una maniobra ilegal o por un gran comerciante. Como lo admitió el propio Orellano ante las cámaras de TV.
jueves 30 de abril 2026
