Estafa a la Caja MOB: Aportan pruebas contra el ex presidente
Es el bioquímico Pedro Terentí, máximo responsable de la anterior Junta de Administración que autorizó el pago de 1,3 millones de dólares. El ex tesorero Víctor Oberdank Fernández y la ex vicepresidenta Marta Casavega también están bajo sospecha.
Por Gustavo Martínez Puga.
Tal como lo adelantó Tiempo de San Juan en su anterior edición, la investigación por la gran estafa del millón de dólares a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (MOB) sumó documentación que podría involucrar a más miembros de la ex Junta de Administración, quienes autorizaron el pago de 1,3 millones de dólares por un terreno en Santa Lucía, cuando en realidad al dueño se lo compraron en 260.000 dólares.
La nueva prueba aportada al juez Maximiliano Blejman, del Cuarto de Instrucción, apunta directamente contra el ex presidente de la Caja MOB, el bioquímico Pedro Terentí. Hasta ahora los involucrados directos son el odontólogo Luis Minin, integrante de la Comisión de Terreno de la ex Junta de Administración; la escribana María Isabel Carchano, quien realizó los dos boletos de compra-venta y dio fe de un nombre falso en un boleto de compra-venta, y el comisionista Walter Orellano.
Según fuentes directas de la investigación judicial, también podrían ser responsabilizados por delitos penales la ex vicepresidenta de la Caja MOB, Marta Casavega, de quien se sospecha que habría incurrido en, al menos, un encubrimiento. Y el ex tesorero, Víctor Oberdank Fernández, quien podría ser considerado un partícipe de la estafa.
Ahora se sumaría el ex presidente. Es que la documentación aportada contra Pedro Terentí demuestra que el profesional estuvo en la asamblea que se decidió la compra del terreno por 1,3 millones de dólares. Eso fue a las 13 horas del día 11 de septiembre de 2011, en la sede de la Caja MOB, en 9 de Julio y Aberastain, según consta en la documentación.
Terminada la asamblea en la que se había decidido la compra, Pedro Terentí tachó con su puño y letra la parte que decía que había que comprar y puso con su letra que se hicieran otras consultas. Una semana después, cuando él no presidió la reunión, la Junta de Administración formalizó la compra del terreno a los hermanos Juan Carlos y Raúl Cosentino, a través del intermediario Walter Orellano.
“Terentí estaba en conocimiento de lo que ocurría en la caja y tuvo participación en la compra del terreno. Así consta en un borrador del acta de la asamblea, modificada de puño y letra por Terentí. Creemos que pidió modificar el acta para él no quedar vinculado directamente a la operación. Por eso le hemos acercado esa documentación al juez Blejman, para que determine si tuvo responsabilidad penal en la estafa”, precisó Violeta Correa de Scherbosky, abogada querellante junto a María Victoria Cabral, quienes pusieron a disposición del juez todos los hechos y parte de la prueba documental.
En esa asamblea de la Junta de Administración en la que estuvo presente Terentí, uno de los seis integrantes de la Comisión de Terreno, Rodolfo Daniel Fasoli –quien podría ser citado a dar explicaciones a la Justicia-, fue el que sostuvo una argumentada exposición que terminó convenciendo a los directivos de la compra del terreno de 27 hectáreas por 1,3 millones de dólares. Algunos de esos argumentos decían que la propiedad estaba “muy bien ubicada para la construcción de un barrio” y que el precio era “muy inferior” respecto del valor de otras propiedades vecinas.
Todos esos motivos no tuvieron un respaldo profesional, ya que simplemente fue el criterio de los integrantes de la Comisión de Terreno lo que primó, lo que no se había hecho con la compra de otros terrenos que hizo la Caja MOB, según la denuncia.
En noviembre del 2011 asumieron las nuevas autoridades de la Junta de Administración, hicieron una consulta a las inmobiliarias y se dieron cuenta de que habían pagado una cifra de dos a tres veces superior al valor de mercado de la propiedad. Y cuando consultaron al ingeniero agrimensor Ricardo Martínez se enteraron de que el terreno sufría de revenición y que, para hacer un barrio, había que hacer una gran inversión económica.
Por esos motivos es que Raúl Cosentino siempre sostuvo que, para él, “fue un negoción vender en 260.000 dólares la finca”. Cosentino había sido contactado por el odontólogo Luis Minin, quien se presentó ante Cosentino como “representante de un grupo importante de personas”.
Cosentino fue quien aportó una prueba clave contra la ex vicepresidenta Marta Casavega: “Después de que dejó ser autoridad de la caja, ella me llamó a mi casa por teléfono y me pidió que le acercara una copia del boleto de compra-venta por 260.000 dólares. Le lleve una fotocopia en un sobre a su casa”, dijo el pocitano a Tiempo de San Juan, y luego lo ratificó en la justicia.
Para la fiscal María Teresa Ravetti de Ramet, “la vice presidenta podría haber incurrido en un encubrimiento al no denunciar la irregularidad, ya que ella se enteró que la Caja MOB pagó 1,3 millones de dólares y al dueño le dieron 260.000 dólares”.
En el Cuarto Juzgado de Instrucción, Casavega dijo que “no se acuerda” de haber mantenido esa conversación con Raúl Cosentino. Y argumentó haber tenido “una enfermedad” que le complicó su salud.
La fiscal Ravetti de Ramet también está estudiando el rol del ex tesorero, Víctor Oberdank Fernández, quien podría haber incurrido en una participación en la estafa. “Él fue el que sacó los dos pagos de 650.000 dólares del Banco Hipotecario y se lo entregó a Orellano”, se limitó a informar la representante del ministerio público.
Casavega es pediatra y Víctor Fernández es un ginecólogo que durante años hizo la guardia de los miércoles en Maternidad del Hospital Rawson, lo que lo llevó a ser el delegado gremial ante el Sindicato Médico.
