Por Romano, prohíben salir del país a ex fiscal sanjuanino

Desde septiembre de 2011 que al ex juez federal de Mendoza, Otilio Romano, no lo pueden traer desde Chile para juzgarlo por delitos de lesa humanidad que habría cometido en la provincia vecina siendo funcionario. El caso se transformó en un dolor de cabeza para el gobierno de Argentina, en primer lugar, y luego también para el de Chile, donde recién ahora, el 18 de junio último, la Justicia de ese país terminó de investigar y resolvió que lo extraditarán para que sea juzgado en nuestro país. Romano resistió esa medida y aún no logran hacerlo cruzar la cordillera de los Andes.
Ese antecedente marcó a fuego a las víctimas de la represión y a los abogados querellantes que investigan delitos de lesa humanidad en todo el país. Por ese motivo es que ahora, en forma preventiva, apareció una medida cautelar contra el ex fiscal federal de San Juan, Juan Carlos Yannello, a quien le prohíben salir del país.
La causa contra Yannello está en manos de la Cámara Federal de Mendoza. En San Juan nadie confirmó por qué, pero podría deberse a que los jueces federales de San Juan –Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez- se hayan inhibido para investigarlo, por lo que la Cámara debería resolver esa situación, en la que no se descartarían que puedan nombrar a un conjuez.
La información sobre la orden en contra de Yannello fue confirmada a Tiempo de San Juan por fuentes del fuero federal, donde la sola mención del apellido Yannello genera silencios interminables.
Sucede que el ex fiscal es un hombre que trabajó durante más de 30 años en ese fuero, por lo que tiene una amistad muy estrecha con la mayoría de jueces, fiscales y empleados. El 1 de noviembre del 2011, el Procurador General de la Nación aceptó la renuncia de Yannello al cargo del Fiscal Federal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan para acogerse al beneficio de la jubilación. Diecisiete meses después, el 11 de abril de 2012, Yannello fue acusado públicamente en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en San Juan.

La acusación
Esto ocurrió durante los alegatos de la parte querellante, a cargo del abogado Fernando Castro y Margarita Camus, quien además es una de las víctimas del terrorismo de Estado del último golpe militar. Los señalan por los presuntos delitos de violación de deberes de funcionario público y encubrimiento, ambos excarcelables, por lo que en el caso de ser encontrados culpables no irán a prisión.
Ya durante el proceso contra los militares que comandaron el golpe en San Juan se había venido cuestionando la actuación del ex fiscal. Tras la acusación de los querellantes, el fiscal del Tribunal Oral Criminal, Mateo Bermejo, acusó formalmente a Yannello.
En esa acusación también se mencionó a Raúl Plana Más, quien ocupaba el cargo de Secretario del juzgado federal y se jubiló como Defensor Público en el fuero federal, y a Mario Gerarduzzi, el fallecido juez federal en primera instancia.
Sin embargo, la medida cautelar con la prohibición de salir del país sería sólo para Yannello, según precisaron fuentes judiciales.
Fue Margarita Camus la que detalló que, durante su detención ilegal en el Penal de Chimbas, recibió golpes que hacían que orinara sangre. Además de no recibir la atención médica adecuada, cuando la llevaron a declarar al Juzgado Federal, la nieta del ex gobernador Eloy Camus –quien por esos días también estaba preso ilegalmente- le puso de manifiesto al juez Gerarduzzi, al fiscal Yannello y al secretario Plana, que había sufrido golpes, que había sido detenida ilegalmente, que había sufrido torturas y vejámenes.
A pesar de que tomaron conocimiento de esa situación, la acusación dice que ninguno de los tres hizo nada. En el caso de Yannello, como representante del Ministerio Público, dicen que tenía una responsabilidad superior de haber investigado si era cierto o no lo que decía Margarita Camus.
Por ese motivo es que ahora su abogado querellante, Fernando Castro, pidió en el juicio que investigaran esa irregularidad, la cual podría ser considerada una falta de los deberes de funcionario público, pero las víctimas también podrían impulsar que se lo investigue como parte de una asociación ilícita. Ese es un delito más grave que no es excarcelable.

Otilio Romano, cómodo en Reñaca
La justicia argentina le imputa al ex juez federal mendocino Otilio Romano la privación ilegítima de libertad de 34 personas, privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos.
Mientras era destituido por el Consejo de la Magistratura, Romano viajó a Chile y se instaló en las playas de Reñaca, cerca de Viña del Mar. Ya sin fueros, el ex funcionario se negó a volver al país para ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Y desde entonces que están intentando juzgarlo.

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La medida es contra Juan Carlos Yannello, fiscal federal en la época de la dictadura, a quien acusan de no investigar delitos de los represores contra los detenidos. Por Gustavo Martínez Puga

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