En medio de la disputa por el financiamiento de la educación, la gestión de Javier Milei tomó la decisión de enviar un proyecto al Congreso que formaba parte del primer texto de la Ley Bases. El mismo habilita el cobro a estudiantes extranjeros que buscan acceder a las universidades públicas. En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) no descartan que se trate de una estrategia libertaria para privatizar las universidades públicas.
Uno de los que analizó la situación fue el secretario Administrativo Financiero, Ricardo Coca, quien en declaraciones radiales indicó que, de la masa de alumnos universitarios, el porcentaje de estudiantes extranjeros es significativamente menor. “En promedio, a nivel nacional la presencia es del 4%. En San Juan el porcentaje es más bajo”, precisó en radio Sarmiento.
Hay que tener en cuenta que, para que una persona se inscriba en la universidad, debe presentar entre la documentación solicitada el DNI. La mayoría de los estudiantes extranjeros que hoy cursan en las aulas universitarias son nacionalizados. Aquellos que tienen residencia transitoria no pueden acceder, salvo que sea por un periodo menor a 6 meses, que es el tiempo que establece la visa.
“Cuando el Gobierno hizo la Ley Base habló de arancelamiento para extranjeros no residentes, es decir, que están por tres o seis meses. Los que vienen a estudiar deben tomar la residencia transitoria para estudios. Esto de los no residentes es un universo infinitamente menor, vienen por una estancia corta o un curso corto. Nosotros enviamos un estudiante a México por un semestre y recibiremos un estudiante de allá, cosa que enriquece mucho la relación con las universidades”, indicó Coca, destacando que se trata de una confusión de términos, con cierta intención.
En la misma línea se expresó Cinthia de Luca, presidenta de la Federación Universitaria, quien en diálogo con Tiempo de San Juan detalló que la decisión de Milei representa un desconocimiento sobre el funcionamiento real del sistema universitario. “Primero, para acceder es necesario ser residentes y nacionalizado en el país. Los extranjeros que quieran estudiar en una universidad pública deben tener DNI argentino, y la Constitución dice que cualquier persona nacionalizada tiene los mismos derechos que un argentino. Desde el vamos es una contradicción”, precisó.
Tanto Coca como De Luca coincidieron que el gobierno libertario tiene intenciones que van mucho más allá del cobro de una cuota a extranjeros. No descartan que los planes reales sean privatizar las universidades públicas.
Al respecto, Coca indicó: “La gran estrategia del Gobierno con esto es ir introduciendo el concepto de aranceles con tal de irlo extendiendo luego para todos. Primero buscaron la idea del voucher, como una forma de disfrazar el tema, asique creo que el objetivo máximo de Gobierno es el arancelamiento de la universidad”. Por su parte, De Luca agregó: “Cobrarles un arancel a los estudiantes extranjeros no va mover la aguja presupuestaria. Forma parte de una estrategia que no tiene otro fin que no sea la destrucción del sistema nacional para privatizar la educación. Es una estrategia de este gobierno, un plan estratégico que tiene como fin último privatizar las universidades y que sean vistas no como un derecho, sino más bien como un bien de mercado”.
Sin duda resta conocer la letra chica en torno a cuáles serán los perfiles de alumnos que deberán pagar un arancel, el monto, hacía dónde irá ese dinero; pero una cosa es segura, establecer un pago en una universidad pública para un determinado sector habla de una discriminación que no debería darse.
“Que vengan estudiantes de distintos países a querer estudiar en el país debería ser razón de orgullo realmente, además de todos los aportes que pueden hacer que es enriquecedor”, finalizó la presidenta de la Federación Universitaria.