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SUSCRIBITELos datos se desprenden de las estadísticas oficiales que difundió el Ministerio Público y corresponden a la tarea de la UFI ANIVI en un lapso de 5 años. Con más de 3.000 denuncias, cómo es en números la tarea de fiscales y especialistas que protegen a las víctimas.
En casi cinco años de funcionamiento, la UFI ANIVI, dependiente del Ministerio Público, abordó 3.137 denuncias y legajos vinculados a delitos contra la integridad sexual en perjuicios de menores y la cifra que genera impacto es la cantidad de casos de abuso sexual que son investigados. Es que los datos oficiales señalan que el 76% del total de las causas que ingresaron al organismo son por abuso sexual, que representa 2.391 legajos en total.
Las estadísticas oficiales abarcan el período del 26 de febrero de 2021 al 13 de febrero de 2026, es decir, en un lapso de 5 años de gestión, y muestran que el organismo recibe entre tres y cuatro denuncias diarias, lo que equivale a un promedio cercano a 52 casos por mes. El dato más contundente del informe es la abrumadora concentración de casos en una sola figura penal y es la figura prevista en los artículos 119 y 120 del Código Penal.
Esta categoría abarca distintas modalidades del delito, desde abuso simple hasta casos de acceso carnal o aprovechamiento de la inmadurez sexual, lo que explica que gran parte de la estructura investigativa del área esté dedicada a este tipo de hechos.
Muy por detrás del abuso sexual aparecen otras figuras penales también vinculadas a delitos contra la integridad sexual. Entre ellas se destacan la tenencia y producción de material de abuso sexual infantil, con 230 casos; el grooming, con 150 casos; las exhibiciones obscenas, con 123 casos; la promoción o corrupción de menores, con 37 casos, la promoción o facilitación de la prostitución, con 24 casos; y el rapto, con 12 casos.
Las últimas resultan con menor incidencia y, de hecho, cuatro de estas figuras juntas apenas superan el 3% del total de legajos. Ello deja en evidencia un impacto un tanto más leve en comparación con los abusos sexuales.
Otro aspecto relevante del informe es la existencia de 239 actuaciones investigativas, que representan cerca del 7,6% de los casos. Se trata de investigaciones preliminares que funcionan como un filtro inicial, ya que se abren para determinar si efectivamente existió un delito antes de asignar una carátula penal definitiva.
En cuanto a la resolución de los casos, las estadísticas muestran una clara predominancia de fallos condenatorios. En total se registraron 1.011 sentencias condenatorias, lo que equivale aproximadamente al 33% del total de legajos gestionados por la unidad fiscal.
En ese contexto, los números oficiales aportados por el propio Ministerio Públicos demuestran que la relación es contundente, ya que por cada sentencia absolutoria (55 casos) hay cerca de 18 condenas. Dentro de las condenas, la mayoría corresponde a penas en suspenso pues se registraron 668, es decir, 66%.
Por su parte, fueron 343 las condenas de cumplimiento efectivo, lo que representa un 34% del universo de sentencias condenatorias.
El informe también refleja una fuerte utilización de mecanismos alternativos para cerrar los procesos penales. Se registraron 860 medidas alternativas o juicios abreviados, una cifra que casi quintuplica los juicios comunes, que fueron 182 en el mismo período. Esto evidencia que gran parte de las causas se resuelve mediante acuerdos procesales, evitando la realización de un juicio oral y público.
Sin embargo, no todas las denuncias llegan a una condena o juicio. Las estadísticas muestran que 1.174 legajos fueron desestimados o archivados, lo que representa cerca del 38% de las denuncias. Esto suele ocurrir por falta de pruebas, inexistencia de delito u otros motivos procesales. Además, 420 casos terminaron con sobreseimientos, lo que implica el cierre definitivo de la causa a favor del imputado antes de llegar a una sentencia.
Cabe destacar que, desde el 26 de febrero de 2024, los delitos vinculados a producción, difusión y tenencia de material de abuso sexual infantil en internet dejaron de investigarse en la UFI ANIVI y pasaron a la UFI de Delitos Informáticos, lo que modificó parcialmente el volumen de causas del organismo.