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Cámara de Diputados

Ya hay nuevo Código Procesal Laboral en San Juan

La reforma del Código Procesal Laboral fue aprobada por unanimidad en la sesión de este jueves. Busca darle más celeridad a los procesos judiciales del área.

Por Alejandra Carbajal 25 de agosto de 2022 - 22:46

Los diputados de San Juan aprobaron por unanimidad la reforma del Código Procesal Laboral, que nació ante la necesidad de readecuar las normas al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

En la ocasión, la diputada del PJ, Celina Ramella, fue la encargada de explicar los fundamentos del proyecto: “cada una de las modificaciones propuestas las hemos venido tratando en las comisiones de Justicia y Seguridad y Legislación y Asuntos Constitucionales. Este Código regula aquello que por su especialidad requiere un tratamiento diferencial con respecto al Código Procesal Civil, Comercial y Minería remitiéndose a este todo lo que no está previsto”.

La legisladora explicó que “a modo de preámbulo se incluyen en este Código los principios por los que debe regirse todo proceso laboral dándole al juez amplias facultades para evitar dilaciones innecesarias atento a la naturaleza alimentaria de los derechos que se debaten en estos procesos”. Estos principios son los de inmediación, concentración, simplificación de trámites, economía, eficiencia, despapelización progresiva y celeridad, en un marco de acentuada oralidad, preservando el orden público laboral y el principio de irrenunciabilidad que consagran las leyes sustantivas, y por cuya vigencia efectiva deben velar los jueces y funcionarios del fuero durante todas las etapas del proceso.

Por otro lado esta norma, en materia de competencia, incluye nuevos supuestos, como son las acciones de amparos, las originadas en hechos de violencia laboral en el ámbito privado, la revisión de resoluciones de la Comisión Médica Jurisdiccional y Comisión Médica Central, que no estaban comprendidos en la anterior ley y fueron receptadas jurisprudencialmente. También se unifican los plazos procesales evitando la confusión que la multiplicidad de ellos acarreaba en el justiciable. Y se explicita que la carta poder solo puede ser otorgada por los trabajadores y que, el beneficio de justicia gratuita, alcanza a quienes invoquen el carácter de trabajador, aun cuando en la sentencia definitiva no se logre acreditar la relación laboral.

“A fin de producir toda o la mayor parte de la prueba establecida por el Juez o Jueza en la audiencia inicial, se implementan distintos mecanismos. Entre ellos, en la prueba informativa, se incorporan medidas compulsivas contra entidades públicas o privadas, con el objeto de asegurar la contestación del informe requerido; en la prueba testimonial, se faculta al Juez o Jueza a disponer una audiencia complementaria, lo cual redundará en una disminución de la tasa de inasistencia injustificada de quienes deban testificar”, expuso Ramella.

Otra incorporación importante, dijo, es la Regulación del Procedimiento Monitorio para supuestos donde surja evidente y sin discusión alguna, el pago inmediato de determinados rubros e indemnizaciones legales, difiriéndose al proceso ordinario todo aquello que pudiera suscitar controversia.

En materia de costas, se prevé una distribución más ecuánime, en vista a salvaguardar la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador y su integralidad, atendiendo a los principios tuitivos del Derecho Laboral. Se incorporan normas que permiten la implementación de tecnología digital. En tal sentido, se autoriza la realización de audiencias por medios electrónicos, lo que facilita y agiliza la recepción de testimoniales fuera de la Provincia, según detalló la diputada.

Por último, concluyó que se da este paso “con el compromiso permanente del Sistema Judicial y consciente de la urgente necesidad de avanzar en la construcción de una justicia moderna y cercana contribuyendo a que la comunidad resuelva los conflictos de forma rápida y eficaz”.

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