“Me tenés que arreglar el tema de las indemnizaciones en octubre porque, si no, te voy a tapar la ciudad de basura”. La amenaza fue efectuada en forma directa, sin rodeos, por Pablo Moyano y su destinatario fue un importante funcionario del gobierno porteño, luego de que se pacificó el conflicto generado el 21 de julio por el Sindicato de Camioneros cuando paralizó la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires por el polémico contrato para el acarreo, finalmente anulado. En realidad, el gremialista no dijo en privado nada distinto de lo que había afirmado a principios de junio al periodismo: “En octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”.
De esa forma ya se instaló el conflicto durísimo que se perfila entre los Moyano y la administración de Jorge Macri: el gremio afirma que en octubre se vencen los contratos de recolección de residuos de CABA y que a los 6.000 trabajadores afiliados a Camioneros les corresponde una indemnización que alcanza los 200 millones de dólares, según estimaciones del gobierno de la ciudad.
Detrás de ese reclamo sindical sigue estando la aplicación de la polémica “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. Esa “ley” no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano.
En este caso, los contratos de recolección de residuos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años. Sin embargo, en el gobierno macrista señalaron que en 2020, “en el marco del artículo 14 de la Ley 6384, se suscribieron Actas Acuerdos entre las empresas y el GCBA mediante las cuales se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.
El sindicato se aferra a la interpretación de que aún se encuentra vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos, y advierte que aun en caso de prórroga se debe indemnizar a los trabajadores.
“Dado que los contratos fueron prorrogados, el reclamo no tiene fundamento puesto que la relación laboral de los trabajadores con las empresas se da en el marco de la misma vinculación contractual”, destacaron fuentes del gobierno que encabeza Jorge Macri. Aludieron así a lo sucedido en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta prorrogó los contratos de recolección de basura hasta 2028 a raíz de las restricciones presupuestarias que ocasionó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.
La decisión del gobierno porteño es negarse pagar las indemnizaciones y resistir las consecuencias de que los Moyano le vuelvan a declarar la guerra a Jorge Macri o, en realidad, a los vecinos porteños. Ya sucedió algo similar en julio pasado cuando el Sindicato de Camioneros paralizó la recolección de residuos por la anulación del contrato para el acarreo en la ciudad, donde el gremio, según deslizaron en el macrismo, tenía empresas “amigas”. Lo mismo sucede con la recolección de residuos.
La baja de la licitación de las grúas, que el jefe de Gobierno calificó de “carísima” y “escandalosa”, fue la que provocó la protesta de los Moyano, aunque la situación laboral de los 310 trabajadores de las grúas nunca peligró: desde septiembre de 2022, esos empleados pasaron a SBASE, una sociedad del Estado porteño, en relación de dependencia y bajo el mismo convenio de Camioneros, luego de haber cobrado indemnizaciones (la famosa “Ley Moyano”, aceptada por el larretismo) de hasta 4 millones de pesos cada uno porque antes se desempeñaban en las empresas Dakota y BRD.
Este año, las negociaciones sobre el acarreo estuvieron a cargo del jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, quien no hablaba con Hugo ni Pablo Moyano (peleados por la gestión en el club Independiente), pero sí con Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, el N°3 en la estructura.
El conflicto de las grúas se pacificó luego de que el sindicato pidió especialmente que de las negociaciones participe la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, de buena relación con los Moyano desde que trataba con la dirigencia gremial (gracias a los buenos oficios de Diego Santilli) cuando fue ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de CABA en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
La promesa que abrió una tregua fue que se volverá a licitar el servicio de acarreo. Ahora, en un precalentamiento de lo que vendrá, algunos funcionarios macristas no descartan que las grúas sigan en manos del gobierno porteño y no de las concesionarias privadas. Si fuera así, Moyano lo tomará como una provocación que rompe el compromiso asumido por Muzzio hace un mes y medio.
Para colmo, los contactos extraoficiales entre el macrismo y Camioneros se interrumpieron. Los funcionarios de la ciudad esperan que los Moyano vuelvan a la carga para reclamar los 200 millones de dólares en indemnizaciones por la recolección de basura y en ese momento les dirán oficialmente que no, aunque ya comenzaron a enviarles extraoficialmente los primeros mensajes de advertencia.
El inicio de la “Ley Moyano” se registró durante la primera gestión porteña de Mauricio Macri, cuando tenía aspiraciones de un proyecto político propio y en 2012 impulsó en la Legislatura porteña la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que se había ido la empresa Manliba.
Desde entonces, el método extorsivo de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.
El caso más resonante en el sector privado se produjo en marzo de 2021, cuando la cadena de supermercados Walmart fue adquirida por el Grupo Narváez y el sindicato bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía en ese momento y volver a emplearlos. La compañía de Francisco de Narváez se negó de manera terminante porque, según argumentaron, sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y no podían “negociar algo que no está previsto en la ley”. Mientras, las protestas del gremio pusieron en peligro 10.000 puestos de trabajo.
