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SUSCRIBITEMientras la central obrera alerta por una "crisis terminal" en el sector, el organismo regulador intensifica las auditorías sobre los fondos administrados por los sindicatos.
A través de una serie de resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) oficializó la declaración de "situación de crisis" de cinco obras sociales sindicales. La medida se tomó tras auditorías que detectaron serios incumplimientos en áreas operativas, financieras y de atención al beneficiario.
El proceso, regulado por el Decreto 1400/2001, alcanzó a organizaciones vinculadas a sectores estratégicos:
Según el organismo regulador, estas entidades "superaron los factores de criticidad" permitidos por la normativa vigente. Las auditorías identificaron deficiencias en la capacidad de repago, indicadores económico-financieros negativos, problemas en la cobertura de prestaciones médicas y fallas en la gestión jurídico-institucional.
A partir de esta notificación, las obras sociales tienen un plazo de 15 días para presentar un plan de contingencia y saneamiento con metas trimestrales. Este programa será monitoreado por un comité especial encargado de evaluar si las entidades logran revertir su situación o si deben enfrentar medidas más drásticas, como intervenciones, fusiones forzadas o la baja definitiva del registro nacional.
Esta decisión se enmarca en un "proceso de reordenamiento del sistema de salud" que el Gobierno viene aplicando desde principios de 2025. El objetivo declarado es garantizar la transparencia y asegurar que los beneficiarios puedan "elegir en libertad" entre obras sociales y prepagas.
Sin embargo, la avanzada oficial genera fuertes críticas en el sector gremial. Desde la CGT vienen advirtiendo sobre una "crisis terminal" del sistema de salud sindical, argumentando que el aumento desmedido de costos en medicamentos y tratamientos, sumado a la caída de los ingresos por la recesión, pone en riesgo la cobertura básica del Programa Médico Obligatorio.
Por el momento, la declaración de crisis no implica el cierre de las entidades ni la pérdida de cobertura para los trabajadores registrados y sus familias. Los afiliados mantienen sus prestaciones bajo un esquema de control estatal reforzado, aunque existe incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo de aquellas organizaciones que no logren sanear sus cuentas.