Ninguno de los cinco miembros de la Corte de Justicia de San Juan puso a disposición su declaración jurada patrimonial, según un relevamiento nacional publicado por el portal Chequeado y realizado por Ruido y Connectas entre abril y mayo de 2025. La investigación buscó determinar la transparencia patrimonial de los magistrados de las Cortes Supremas provinciales. San Juan se encuentra entre las trece provincias cuyos máximos tribunales no respondieron al pedido de acceso a la información pública. De igual modo, es importante destacar que la Provincia no se encuentra adherida a la ley nacional que regula el acceso a la información pública.
Los miembros de algunos tribunales respondieron parcialmente y hubo quienes explicaron que los magistrados cumplen con la obligación de presentar la información ante organismos locales, pero bajo formato cerrado, inaccesible para la ciudadanía.
Cabe destacar que la Corte de Justicia sanjuanina está integrada por la presidenta Adriana García Nieto y los ministros Marcelo Lima, Guillermo de Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria. Cabe destacar que la Corte de Justicia sanjuanina está integrada por la presidenta Adriana García Nieto y los ministros Marcelo Lima, Guillermo de Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria.
A nivel nacional, apenas el 14% de los jueces de las Cortes Supremas provinciales permitió acceder a sus declaraciones juradas. Solo en Córdoba y Mendoza la totalidad de los integrantes de las Cortes compartieron sus patrimonios. En otras provincias, como Catamarca, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego, se accedió a información parcial o antigua, mientras que en Entre Ríos, Salta, Río Negro, Chaco y otras jurisdicciones las declaraciones se consideraron “secretas” o fueron derivadas a organismos internos.
La obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales está normada por leyes de ética pública locales y por las constituciones provinciales. En el caso de la Justicia Federal, la Ley de Ética Pública y las convenciones internacionales contra la corrupción, ratificadas por Argentina, exigen que los funcionarios transparenten ingresos, activos y pasivos, permitiendo su publicación como mecanismo de control ciudadano y prevención de posibles delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
La investigación también incluyó el análisis de antecedentes laborales y vínculos políticos de los magistrados, revelando que, de los 138 jueces relevados en todo el país, 88 registran algún nexo previo con gobiernos o funcionarios locales. En San Juan, no se difundió información sobre antecedentes, lo que deja la Corte local fuera de la transparencia pública observada en otras provincias.
