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Un cargo clave en juego

Se viene la renuncia de un funcionario sanjuanino de alto nivel

Tras las elecciones, se definió un nuevo escenario que hará que un alfil de Uñac deje su cargo antes de tiempo.

Por Miriam Walter

Los resultados de las elecciones del domingo 14 de mayo dieron por ganador a Pablo García Nieto de una banca como legislador provincial desde diciembre, por lo que para asumir en la Legislatura deberá renunciar a su actual cargo de defensor del Pueblo de San Juan.

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Pablo García Nieto, defensor del Pueblo de San Juan.

Pablo García Nieto, defensor del Pueblo de San Juan.

El funcionario, de alto perfil político y que ocupa un cargo estratégico, confirmó a Tiempo de San Juan que deberá dimitir de su cargo unos días antes de asumir en diciembre de este año, lo que se dará un año antes de que se le venza el mandato en el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas.

García Nieto dijo que no puede tener dos cargos, de manera que planea renunciar en diciembre próximo a la Defensoría, donde tiene mandato hasta diciembre de 2024. Ante esta vacancia, se prevé que se haga cargo un defensor adjunto, que son dos, Ricardo Berenguel y Rodolfo Clavel, hasta que se designe el sucesor en la Cámara de Diputados local. Es decir, que el mismo García Nieto participaría de la selección de quien lo reemplace.

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Ricardo Berenguel (izq.) y Rodolfo Clavel, defensores adjuntos.

Ricardo Berenguel (izq.) y Rodolfo Clavel, defensores adjuntos.

La designación de este cargo es iniciativa de la Cámara de Diputados provincial y definida en el recinto, donde el uñaquismo conservará la mayoría propia en el próximo mandato. Tanto Berenguel como Clavel están en el organismo hace décadas y no se conoce si se postularán para ascender. No es el caso de García Nieto, quien fue designado en 2019. De hecho, este último tenía la posibilidad de presentarse para renovar por 5 años más pero decidió ir como candidato a legislador -departamental por Rawson-, un cargo que ya ocupó durante dos períodos e incluso fue jefe de la bancada uñaquista.

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García Nieto (Hijo de la ex ministra de Educación, Ana María Nieto de García y hermano de la cortista Adriana García Nieto) inauguró el cargo con recambio, ya que antes era vitalicio. El defensor del Pueblo histórico fue el bloquista Julio Orihuela, quien estuvo por más de 30 años hasta que murió en 2018. Luego de su muerte se modificó la ley que regula el organismo para darle periodicidad.

Si García Nieto no asumiera, cosa que no está en sus planes según dijo, su suplente como legisladora es la actual directora de Asesoramiento Previsional de la Provincia, Sonia Ferreyra.

Cuestionamientos

La cualidad de vitalicia del defensor fue cuestionada por anacrónica y hubo varios intentos fallidos en la Legislatura por modificar la ley orgánica con la meta de darle periodicidad. El más recordado combate fue el del justicialista Eduardo Leonardelli, quien falleció siendo diputado provincial esperando que se sancione su ley, resistida porque Orihuela era bloquista y pesaba la sociedad con el PJ. El espinoso tema fue tocado con ajustes legislativos apenas murió el funcionario del PB, pero no se debatió la cuestión de fondo. Luego, se mantuvo en el freezer hasta el 28 de noviembre de 2019, cuando finalmente la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo se modificó.

Esta reforma le dio a este puesto estratégico la periodicidad de 5 años con la posibilidad de renovarse por 5 años más, es decir que quien sea designado podrá estar como máximo 10 años al frente del organismo que defiende los intereses de los ciudadanos. Por otro lado, también hubo cambios en el mecanismo de remoción, ya que el defensor podrá ser sacado del puesto a través de un Jury de Enjuiciamiento, el mismo procedimiento que opera para los jueces y no mediante un juicio político como era históricamente.

Un cargo estratégico

La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos extra poder creados por la Constitución Provincial, incorporados en la reforma constitucional del año 1986.

Entre sus novedades se destacaba la creación de una figura: el Ombudsman, cuyo mandato es la defensa de los derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución. Por ello, en el año 1987 por mandato de nuestra Carta Magna, se sanciona la Ley N° 5765, actual Ley N° 344-E, de creación de la Defensoría del Pueblo, fijando sus funciones y competencias. Al ser la primera Defensoría no sólo de la Argentina, sino también de América Latina, su experiencia se constituyó en ejemplo y réplica para todo el país e incluso en todo el continente.

La Defensoría del Pueblo, es un organismo creado para la defensa de los derechos consagrados en la Sección Primera de la Constitución Provincial, y aquellos otros cuyo ejercicio, por tratarse de intereses difusos o derechos colectivos, no pueden ser promovidos por personas o grupo de personas en forma individual. Tiene participación necesaria, y conjunta con los interesados, en las acciones de amparo, por amenazas o violación de tales derechos o intereses.

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