Una novedad judicial dio algo de aire a la Municipalidad de Rawson en la compulsa contra la sociedad Inversores de Cuyo por la expropiación de la exbodega La Superiora. La Sala IV de la Cámara en lo Civil, Comercial y Minería hizo lugar a la queja que presentó la gestión de Carlos Munisaga. Estudiará si el planteo de nulidad a la nueva tasación es válido. Mientras, no puede ejecutarse la deuda de 371 millones de pesos que, por ahora, deberá pagar igualmente.
Este lunes, las juezas María Eugenia Varas y María Josefina Nacif resolvieron "hacer lugar a la queja formulada por la actora", "conceder el recurso de apelación interpuesto" y "disponer que bajen las presentes actuaciones y los autos principales, a la instancia de origen, a fin de la debida sustanciación de dicho recurso".
En otras palabras, la Sala IV reconoció que la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, debería haber concedido el recurso de nulidad interpuesto contra la segunda tasación del inmueble y le ordenó que frente la ejecución de la deuda hasta resolver la cuestión de fondo.
"El único cometido del recurso de queja es permitir que este Tribunal de Alzada examine si la apelación ha sido bien o mal denegada, implicando una suerte de revisión de la negativa en lo atinente a la concesión del recurso", escribieron las juezas en el argumento de la resolución que oxigena a la administración de Munisaga, que se verá duramente afectada en sus cuentas si afronta el pago millonario.
Cabe recordar que Rawson solicitó a Tettamanti la anulación de la nueva tasación del inmueble, la cual se llevó a cabo después del fallo de la Corte de Justicia. La tasación valoró el predio de La Superiora en 1.474 millones de pesos, basándose en la comparación con otros terrenos de medidas distintas y ubicados lejos de la exbodega.
Sin embargo, la presentación fue rechazada. Posteriormente, la Municipalidad planteó un recurso de reconsideración, que también fue denegado. La jueza argumentó que la municipalidad aceptó el nuevo valor determinado por el Tribunal de Tasaciones, ya que este fue dictado en septiembre de 2023 y no fue impugnado por los abogados del municipio en ese momento, lo que lo hizo firme.
En su recurso, la administración de Munisaga expresó su discrepancia, indicando que el monto resultante de la tasación no representa el verdadero valor del terreno en una zona no cotizada, y que esta valoración y la denegación del planteo les ocasionan un perjuicio.